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El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que someta al Congreso Nacional una modificación a la Ley núm. 83-24.
Según el profesional de la construcción, esta reforma es indispensable para agilizar y concluir cientos de obras estatales que actualmente se encuentran paralizadas en todo el territorio nacional.
Tejada detalló que es imperativo modificar los artículos 3 y 7 de la referida legislación para que tenga un impacto real y positivo en los proyectos de infraestructura que ejecuta el Gobierno.
El exlíder del gremio de la construcción explicó que, desde su promulgación, la Ley 83-24 ha resultado "excluyente" y "absurda". El principal obstáculo radica en que la legislación beneficia únicamente a un grupo selecto de entidades públicas y obras específicas, dejando fuera a una gran cantidad de proyectos estatales que sufren el denominado "nudo legal".
El problema técnico surge cuando los presupuestos de estas obras sobrepasan el 25 % del monto total originalmente contratado, el límite máximo permitido para realizar cubicaciones (pagos por avance de obra) según lo estipulado en el artículo 31, numeral 2, de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (núm. 340-06).
"Además de ser excluyente, es absurda al no beneficiar a otras instituciones y obras públicas que, no obstante pertenecer a entidades incluidas en esta ley, no están contempladas en ella. Esto constituye una violación burda de la Constitución en múltiples artículos", puntualizó Tejada.
Tejada enfatizó que la paralización de estos proyectos no solo afecta el desarrollo de las comunidades, sino que golpea directamente la economía de miles de familias dominicanas. El retraso en los pagos y la suspensión de los trabajos mantiene en vilo a:
Finalmente, el ingeniero manifestó su esperanza de que el Poder Ejecutivo escuche el clamor de los profesionales del sector de manera oportuna, evitando tener que llegar a escenarios de presión social.
Hizo alusión a las recientes manifestaciones de creadores de contenido e influencers en la Plaza de la Bandera —las cuales motivaron al Ejecutivo a enviar modificaciones de 18 artículos del Código Penal— señalando que los contratistas esperan canales de diálogo eficientes sin necesidad de recurrir a la movilización pública.