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El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) llamó a fortalecer las políticas públicas dirigidas a garantizar derechos, salud y acceso a justicia para las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el país, tras advertir que este grupo continúa enfrentando altos niveles de violencia estructural e institucional.
Durante el Foro Nacional “Mujeres, Salud y Justicia”, la presidenta de MODEMU, Carmen Lorenzo, recordó que el informe “Violencia, Muerte y Desapariciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales en el Entorno Laboral de la República Dominicana” evidencia la precariedad y los riesgos que atraviesan estas mujeres.
“Estas políticas son sumamente importantes, porque, según el informe: “Violencia, Muerte y Desapariciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales en el Entorno Laboral de la República Dominicana”, presentado este año por nuestra institución, las mujeres trabajadoras sexuales enfrentan múltiples formas de violencia estructural e institucional”, denunció Lorenzo.”
La dirigente explicó que la violencia en el ámbito laboral se presenta como acoso, agresiones físicas y sexuales, además de condiciones de trabajo inseguras y falta de protección. Señaló que MODEMU y el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados han documentado alrededor de 150 casos de agresiones desde 2018, atribuidas a clientes, miembros de la Policía Nacional y agentes de POLITUR.
Organizaciones como COTRAVETD, OTRASEX y TRANSSA han reportado numerosos casos de feminicidios, desapariciones y abusos que no reciben investigación oportuna. Entre 2020 y 2025, afirman, se han registrado diversas muertes violentas de mujeres cis, trans y migrantes sin esclarecimiento judicial.
Lorenzo advirtió que la ausencia de datos oficiales precisos y la subnotificación limitan la capacidad para visibilizar el problema, lo que perpetúa la impunidad y reduce el acceso a justicia.
En el evento también intervino la diputada del PRM por San Cristóbal, Jacqueline Montero, quien ha mantenido una labor activa en defensa de los derechos de trabajadoras sexuales y contra la explotación sexual infantil. Montero denunció un tipo de violencia menos visible: la cosificación de las mujeres.
“Se trata de la monetización y cosificación de las mujeres. Por ejemplo, cuando un negocio se promociona diciendo: “Tenemos playas y hermosas mujeres”, ahí nos están promocionando como si fuésemos un artículo, no seres humanos, y nosotras no vendemos nuestro cuerpo, sino un servicio”, expresó la legisladora.
Montero afirmó que esta deshumanización proviene del estigma social y de políticas que no diferencian entre trabajo sexual consensuado y trata de personas, lo que genera criminalización y falta de reconocimiento de derechos.
El informe también señala que las trabajadoras sexuales enfrentan discriminación en centros médicos, incluyendo negación de servicios, divulgación irregular de información clínica y tratos irrespetuosos. Esto, según MODEMU, aumenta su vulnerabilidad a infecciones como VIH e ITS, y limita su acceso a atención oportuna.
“Estas prácticas violan sus derechos humanos y desalientan la búsqueda de atención médica, aumentando su vulnerabilidad al VIH y otras ITS. Muchas trabajadoras sexuales carecen de documentos de identidad oficiales, lo que limita su acceso a servicios de salud y programas de prevención del VIH”, explicó Lorenzo.
La organización sostuvo que la falta de documentos suele estar vinculada a exclusión social y discriminación institucional, mientras que la vigilancia y criminalización del trabajo sexual desalientan la asistencia a servicios de salud, especialmente en situaciones de riesgo.