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El director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Bonnie Guerrero, aclaró este lunes que la autorización otorgada por el Gobierno dominicano a Estados Unidos no implica el establecimiento de bases militares ni la presencia de tropas extranjeras en el país, sino una cooperación técnica, limitada y temporal en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Guerrero explicó que la autorización contempla únicamente el estacionamiento, sobrevuelo y reabastecimiento de combustible de diez aeronaves estadounidenses, las cuales estarán entrando y saliendo del territorio nacional hasta el 30 de abril del próximo año.
El funcionario precisó que se trata de aviones tanqueros y de transporte logístico, utilizados para labores de apoyo operacional, y que el único personal presente será el estrictamente necesario para la operación de cada aeronave. “No se trata de tropas, ni de una presencia militar permanente”, enfatizó.
Guerrero recordó que República Dominicana y Estados Unidos mantienen una colaboración ininterrumpida desde hace más de 30 años en temas de interés común, especialmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Destacó que esa cooperación ha permitido que, en los últimos cinco años, los decomisos de drogas se hayan multiplicado por diez en comparación con la década anterior.
En ese sentido, aseguró que esta colaboración ha sido sostenida bajo cinco presidentes y cuatro partidos políticos, lo que demuestra un consenso nacional sobre la importancia de la alianza estratégica con Estados Unidos en materia de seguridad regional.
El director jurídico del MIRE explicó que la autorización se sustenta en dos acuerdos internacionales vigentes. El primero, firmado en 1995 durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, establece la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, inicialmente en el ámbito marítimo. El segundo es un protocolo de enmienda de 2003, suscrito durante el gobierno de Hipólito Mejía, que amplió esa cooperación al ámbito aéreo.
Ambos instrumentos, señaló, están alineados con las convenciones de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988 sobre estupefacientes y crimen organizado, y forman parte del ordenamiento jurídico dominicano.
Guerrero aclaró que la autorización no necesitaba aprobación del Congreso Nacional, debido a que no implica cesión de soberanía, creación de jurisdicción internacional, endeudamiento público ni entrega de recursos naturales. “No hay establecimiento de bases ni ocupación territorial”, subrayó.
Explicó que, a diferencia de los tratados, este tipo de acuerdos de cooperación técnica pueden ser ejecutados por el Poder Ejecutivo dentro del marco de facultades constitucionales ya existentes.
El asesor del MIRE, Hasel Román, destacó que esta cooperación ha sido reconocida por organismos y autoridades de Estados Unidos, incluyendo la DEA, que recientemente exaltó los esfuerzos del Gobierno dominicano. También mencionó el respaldo internacional para que un dominicano dirija la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ambos funcionarios insistieron en que la autorización otorgada a Estados Unidos es puntual, regulada y transparente, y responde exclusivamente a la agenda de seguridad regional y al combate al narcotráfico, sin afectar la soberanía ni el control del Estado dominicano.