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El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, aseguró que será este lunes cuando fijará postura sobre el conflicto que enfrenta a esa institución con la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin), por la negativa del ministerio a emitir cartas de no objeción a permisos otorgados por unas 27 juntas municipales del país.
“Ya el lunes (hoy) vamos a aclarar el panorama”, expresó Bonilla en una conversación para el periódico de la región Este, Bávaro News, dejando entrever que en las próximas horas se hará pública la posición oficial del Mived, lo que podría destrabar el estancamiento de decenas de proyectos urbanísticos y turísticos.
Ha trascendido en los medios que, solo en Punta Cana, más de 30 proyectos de gran envergadura se encuentran paralizados supuestamente debido a que el Mived no ha emitido las cartas de no objeción requeridas, pese a que los permisos fueron tramitados por las juntas municipales correspondientes.
De acuerdo con fuentes de Bábaro News, desde hace varios días un equipo de abogados del Mived analiza una salida técnico-legal al conflicto, en medio de presiones judiciales por parte de Fedodin, que ya ha sometido un proceso por desacato contra el ministro Bonilla y el ministerio que encabeza.
La raíz del conflicto se encuentra en el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial, el cual establece que los distritos municipales con una población igual o superior a 15 mil habitantes tienen derecho a contar con sus propias oficinas de planeamiento urbano.
Estas oficinas son las responsables de evaluar y aprobar los proyectos de construcción dentro de su jurisdicción. Luego de concederse los permisos, el Mived debe emitir la carta de no objeción, pero hasta el momento la entidad se ha negado sistemáticamente a cumplir con ese paso, sin ofrecer explicaciones claras.
La negativa del ministerio ha sido vista como una violación directa a la ley, provocando una fuerte reacción de las autoridades municipales, desarrolladores privados y actores del sector turismo, quienes aseguran que esta situación pone en riesgo inversiones millonarias y la generación de empleos.