El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, negó este jueves que el cierre de locales comerciales chinos se deba a un ataque contra los comercios asiáticos, sino a que las estructuras presentan fallas graves.
El funcionario aseguró que, aunque la mayoría de las estructuras clausuradas pertenecen a nacionales chinos, también han cerrado negocios a dominicanos.
“No necesariamente tienen que ser de comerciantes chinos, imposible, eso va dirigido a preservar vidas y que se respeten las reglas de este país… No todos son chinos, da la casualidad de que la mayoría son de chinos”, dijo Bonilla en una llamada en El Sol de la Mañana.
Bonilla explicó que el Ministerio que dirige ha realizado inspecciones en tiendas que no cumplen con normas constructivas esenciales, como soldaduras mal hechas, columnas y pórticos dañados, riesgos visibles en rampas, entre otros defectos que comprometen la estabilidad del edificio.
Añadió que "muchas de estas tiendas fueron notificadas desde el proceso constructivo para que se detuvieran mientras tramitaban permisos, pero ignoraron esos llamados del ministerio."
El ministro dijo que “en ingeniería es subsanable… depende del empuje que se le dé… todo depende del dueño del local”, dejando claro que las observaciones pueden corregirse si los propietarios actúan con prontitud.
Aunque la mayoría de los locales con problemas son de nacionales chinos, insistió Bonilla, no todos lo son. La acción del Ministerio no está dirigida contra una comunidad específica, sino contra construcciones que representan un riesgo para la seguridad pública. “Va dirigido a preservar vidas y a que se respeten las reglas de este país”, enfatizó.
El ministro admitió que el Ministerio de Vivienda no siempre tiene fuerza coercitiva permanente para detener obras, aunque sí notifican y en ocasiones disponen guardias para asegurar que la obra se paralice. Sin embargo, muchas veces al retirarse esa supervisión los dueños proceden a continuar construyendo sin cumplir con lo ordenado.
También señaló que existe un mecanismo judicial mediante los tribunales municipales, que puede culminar incluso en la demolición si la construcción es declarada irregular, pero advirtió que esos procesos legales son lentos.
El ministro finalizó asegurando que esos cierres ocurren en un momento de alta sensibilización pública sobre seguridad estructural, tras incidentes como el colapso parcial de edificaciones comerciales. El país exige más transparencia, cumplimiento de normativas y actuación efectiva de las autoridades para prevenir tragedias y proteger vidas.