El Ministerio Público recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a lo que describió como una "parcialidad manifiesta" en favor de los acusados en el caso de corrupción que involucra a Hugo Beras, José Gómez y otros imputados.
Jonathan Pérez Fulcar, fiscal litigante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que la jueza ha favorecido reiteradamente a los acusados, especialmente a José Gómez, a quien autorizó viajar a destinos como Disney World y Panamá, a pesar de tener un impedimento de salida del país.
"Contradiciendo decisiones anteriores de otros casos en los que, bajo circunstancias similares, no se concedieron los mismos privilegios", declaró Pérez Fulcar al salir de la audiencia, asegurando que confían en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional evaluará con seriedad sus argumentos.
El Ministerio Público también cuestiona que Padilla autorizara la devolución de armas de fuego vinculadas a Gómez, aunque estén registradas a nombre de terceros.
El caso se centra en el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, en el cual el exdirector del Intrant, Hugo Beras, junto con José Gómez y otros, está acusado de liderar una red criminal que supuestamente ha cometido estafa, fraude contra el Estado, falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje a infraestructura crítica y robo de identidad.
Entre los demás imputados se encuentran Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
La investigación incluye múltiples allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Punta Cana y San Cristóbal, en los cuales participaron más de 170 miembros de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados. Durante estos operativos, se incautó una amplia gama de evidencias que, según la Fiscalía, confirman los delitos imputados.
El Ministerio Público ha catalogado la operación como una de las intervenciones más contundentes contra el crimen organizado en los últimos años.