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El Ministerio Público anunció este jueves que apelará las medidas de coerción impuestas por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz en el caso de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph de 11 años que falleció durante una excursión escolar en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.
En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la jueza determinó que las cuatro imputadas por homicidio involuntario y maltrato infantil recibirían medidas menos estrictas a las solicitadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público había solicitado garantías económicas de 50 millones de pesos para cada acusada, además de impedimento de salida del país y localizadores electrónicos. Sin embargo, el tribunal solo impuso una garantía de 500,000 pesos a tres de las procesadas, mientras que Gisela González Estrella fue liberada sin medidas de coerción.
La Procuradora de Corte, Olga Diná Llaverías, manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y confirmó que presentarán un recurso de apelación. “No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, declaró tras salir de la sala de audiencias.
Las acusadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Instituto Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario; y Gisela González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
La tragedia ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando Stephora se ahogó en una piscina de la hacienda durante una excursión con 87 niños del mismo centro educativo. Las investigaciones indicaron que solo tres cuidadoras estaban a cargo de todos los menores y que no se tomaron medidas básicas de seguridad, como chalecos salvavidas o verificación de conocimientos de natación.
El Ministerio Público sostiene que la negligencia de las acusadas fue la causa directa del fallecimiento y calificó el caso como homicidio involuntario y maltrato infantil, conforme a los artículos 319 y 351-2 del Código Penal dominicano y la Ley 136-03 de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.