Una multitudinaria marcha de mineros congestionó el lunes las calles del centro de La Paz, mientras se registraban protestas en otras ciudades de Bolivia, en el inicio de un paro obrero convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles dispuesta por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La Policía cercó los accesos a la plaza central, donde se ubica el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de manifestantes. En El Alto, juntas vecinales mantenían bloqueadas algunas avenidas, mientras que la Administradora de Carreteras reportó cortes en rutas de seis de las nueve regiones del país.
“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, afirmó el dirigente minero Andrés Paye. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.
Sindicatos afines al expresidente Evo Morales protagonizaban una masiva marcha en Cochabamba y mantenían bloqueadas dos rutas troncales del oriente.
Pese a ello, el paro general —convocado por la Central Obrera Boliviana (COB)— no tuvo un impacto total en su primera jornada, debido a que el gobierno logró acuerdos el fin de semana con la mayoría de los sindicatos del transporte, lo que desactivó ese frente de protesta y abrió negociaciones con otros sectores.
En La Paz el transporte operó con normalidad, aunque en Santa Cruz el servicio urbano fue limitado. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo Lucio Gómez, dirigente del gremio.
Otro líder sindical, Luis Paco, señaló que la eliminación de la subvención era previsible, aunque cuestionó el momento y la falta de concertación. Paz, quien asumió el 08 de noviembre, puso fin a un subsidio vigente por más de 20 años que mantenía el precio en 0.53 dólares por litro.
El Ejecutivo argumenta que las importaciones de gasolina y diésel, por unos 3,000 millones de dólares anuales, agotaron las reservas de divisas y agravaron la peor crisis económica en cuatro décadas tras el declive de los hidrocarburos.
“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando”, dijo el mandatario en la televisora estatal, al asegurar que la medida “no tiene marcha atrás”.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el ajuste abre “un nuevo ciclo país”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cifró el ahorro estatal en 10 millones de dólares diarios.
Como medidas complementarias, el gobierno decretó un aumento salarial del 20% que alcanza al 15% de la fuerza laboral, mantuvo e incrementará los bonos sociales para ancianos y familias pobres, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.
Los sectores empresariales respaldaron el paquete, que también recibió apoyo del gobierno de Estados Unidos, en el marco del plan oficial para atraer inversiones.
El politólogo Carlos Cordero consideró que los grupos afines a Morales y la COB buscan mostrar fuerza, pero llegan debilitados. “En muchos sectores hay la convicción de que el ajuste era necesario”, dijo a The Associated Press, de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para abril.
Fuente: Datos de agencia AP