El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció un nuevo protocolo obligatorio para salidas pedagógicas, a través de la Orden Departamental 63-2025, emitida el jueves 4 de diciembre.
La medida surge veinte días después del fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci en Santiago, actividad que —según la Regional 08— no contaba con los permisos correspondientes.
La normativa ratifica la prohibición de excursiones a playas, ríos, lagos, balnearios y lugares que representen riesgos físicos o emocionales, como clubes nocturnos o centros de diversión. También prohíbe el uso de vaper, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, cigarrillos y armas durante las actividades.
En cuanto al transporte, cada autobús deberá contar con un botiquín de primeros auxilios y estar certificado como seguro en aspectos como frenos y neumáticos. Las salidas deberán incorporar actividades evaluables que reflejen el aprendizaje derivado de la experiencia.
Las solicitudes deberán presentarse con al menos 25 días de anticipación e incluir propósito pedagógico, guías, listado de estudiantes, responsables, costos, ruta, transporte, evidencia de comunicación a los padres y aprobación de la APMAE. El Distrito Educativo tendrá cinco días laborables para responder y deberá remitir copia a la Regional.
El protocolo exige un adulto por cada 15 estudiantes y, en el caso de menores de 9 años, un adulto por cada 8. Además, deberán asistir al menos dos representantes de la APMAE como veedores. Si la salida es aprobada, el centro debe archivar las autorizaciones individuales de cada tutor.
Para marchas, desfiles y actividades convocadas por el MINERD, la participación requerirá consentimiento escrito de los padres, acompañamiento docente y orientaciones de conducta.
Las instituciones deben garantizar supervisión permanente durante la excursión y entregar un informe final con detalles de incidentes. El ministerio podrá solicitar copia del informe y el centro deberá entregarla sin omisiones.
Aunque la normativa contempla sanciones basadas en leyes vigentes y el Manual de Convivencia, no establece medidas administrativas específicas para centros cuyas faltas no constituyan delitos, pero que puedan poner en riesgo a los estudiantes.