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El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, advirtió este jueves ante el Senado sobre la crisis de seguridad vial en el país, calificando los accidentes de tránsito como una “pandemia silente” que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.
Durante su intervención de tres horas, Morrison hizo un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas inmediatas. Criticó la ineficacia en la aplicación de las leyes de tránsito y denunció la falta de recursos y personal en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), lo que dificulta el control del caos vial.
Según Morrison, en 2020 el COVID-19 provocó la muerte de alrededor de 2,000 personas en el país, mientras que los accidentes de tránsito cobraron 2,111 vidas. En los años siguientes, la cifra de muertes por accidentes superó las 8,000 anuales, convirtiéndose en un problema de mayor impacto.
Uno de los principales factores que agrava la crisis, según el funcionario, es la falta de personal en la Digesett. En el Distrito Nacional hay más de un millón de vehículos, pero solo 377 agentes para fiscalizar el tránsito. En Bonao, apenas hay 17, y en algunas provincias como Independencia y Santiago Oeste no hay un solo agente.
Morrison también cuestionó el sistema de multas, que considera ineficaz. Aunque la Ley 63-17 establece sanciones de hasta 10,000 pesos, en la práctica las multas rondan los 1,600 pesos, lo que, según él, fomenta el irrespeto a las normas de tránsito. Además, criticó que las multas prescriban en un año, lo que permite que muchos conductores las ignoren sin consecuencias.
En busca de soluciones, Morrison propuso una reforma a la Ley 63-17, que incluiría:
• Declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo establecido, lo que podría derivar en la suspensión de su licencia de conducir.
• Extender el plazo de prescripción de las multas de uno a cinco años para facilitar su cobro.
• Aplicar sanciones más severas para las carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.
El director del Intrant también reveló que había solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) la aplicación estricta de las multas según la ley, pero aún no ha recibido respuesta.
