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“El Reparto Universitario amaneció totalmente militarizado”, denunció este martes Mito Núñez, residente en la zona, al referirse a la presencia de equipos y personal de construcción del Monorriel de Santiago en el área del arroyo de Los Burgos.
La situación se produce “de manera rauda y veloz” tras la sentencia emitida por la presidencia de los tribunales civiles de Santiago, que rechazó el recurso de amparo interpuesto por los comunitarios. Según Núñez, quien habló en una llamada en El Sol de la Mañana, esta decisión “les dio la anuencia a ellos de poder entrar” a la zona boscosa.
“Nosotros en ningún momento estábamos impugnando el permiso medioambiental dado por Medio Ambiente para la construcción de lo que es el Monorriel, que es una obra importantísima para Santiago. El asunto es que ese permiso le otorga autorización para seguir la ruta por la avenida Estrella Sadhalá. El Reparto Universitario no queda en esa avenida”, explicó.
El denunciante indicó que, pese a que solicitaron a la jueza realizar una inspección en el lugar antes de decidir, “la magistrada evacuó una sentencia negándonos la razón en cuanto a lo que exigíamos”.
Sobre la intervención en el área, sostuvo que “van improvisando en el camino” y que “cambian la trayectoria del Monorriel hacia la parte boscosa del Reparto Universitario, donde está el arroyo de Los Burgos y donde existe un ecosistema rico en fauna y flora”.
“En esa área hay un manantial que se llama el Manantial de Los Burgos, pero por esa zona ellos no tienen permiso de trabajo”, afirmó Núñez.
El comunitario insistió en que “lo que vamos a perder con esto es un ecosistema irremplazable en Santiago, porque es el único bosque urbano que queda en el casco urbano de la ciudad”.
Sobre la presencia militar, dijo: “No comprendemos ese hecho. Entiendo que quizás sea para resguardar las maquinarias y el personal, pero es catastrófico lo que se va a perder con esta intervención”.
Núñez adelantó que los residentes “vamos a hacer una revisión constitucional de la decisión jurisdiccional que nos fue adversa, con carácter de urgencia y prácticamente preventivo”, con el objetivo de que el Tribunal Constitucional “pueda tomar cartas en el asunto” y detener los trabajos.
Solicitó que el alto tribunal realice una inspección en el terreno, para “constatar que la zona que están tratando de asolar es una zona protegida por la Constitución y por la Ley 64-00”.
Finalmente, aseguró que la comunidad ha mantenido su protesta “de manera pacífica” y recalcó que la defensa de este espacio es parte de “los derechos fundamentales que inician en el artículo 37 y terminan en el 69 de la Constitución”.