El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que utilizará el veto y, de ser necesario, recurrirá a la Justicia contra aquellas leyes promovidas por la oposición en el Congreso que, según su criterio, comprometan el equilibrio de las cuentas públicas.
«Vamos a vetar. Y, si áun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar», afirmó Milei en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El mandatario reafirmó que la política de superávit fiscal de su administración «es permanente», en respuesta a varias iniciativas ya aprobadas por el Senado, así como a proyectos aún en debate, impulsados por bloques opositores.
Entre las iniciativas, la Cámara Alta aprobó un incremento «excepcional y de emergencia» del 7,2 % en las jubilaciones. Actualmente, la mayoría de los jubilados recibe la mínima, que este mes fue de 370.000 pesos (290 dólares), una cantidad que se encuentra por debajo del umbral de pobreza.
El Senado también aprobó la extensión de un plan de pagos para deudas previsionales, lo que facilita que las personas mayores puedan acceder a una pensión sin tener completos sus aportes al sistema de seguridad social.
Además, se aprobó una ley que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, obligando al Gobierno a asegurar un financiamiento adecuado para las pensiones por discapacidad y a reforzar la atención a este sector de la población.
En la misma sesión, el Senado rechazó el veto presidencial a una ley aprobada en junio que declaraba el estado de emergencia en Bahía Blanca tras las graves inundaciones ocurridas en marzo. Si la Cámara de Diputados también rechaza el veto, la ley entrará en vigor y el Gobierno deberá aumentar la ayuda económica a dicha ciudad.
Mientras tanto, el Senado continuaba la noche de este jueves con el análisis de dos propuestas promovidas por gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, todas cuestionadas por Milei debido a su presunto impacto negativo en las cuentas públicas.
Ambas iniciativas buscan aumentar la participación de las provincias en los fondos transferidos por el Tesoro Nacional. Una de ellas pretende que el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) deje de ser discrecional, mientras que la otra procura incrementar el porcentaje que las provincias reciben de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.