Cinco meses después de la salida de Rafael Féliz de la rectoría del Instituto Tecnológico de las Américas, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aclaró que no considera culpable al exrector del ITLA, al referirse a los resultados de la investigación realizada por la institución que dirige.
La funcionaria afirmó que, a su juicio, el exdirector no tuvo participación directa en las irregularidades investigadas y explicó que las indagatorias se enfocaron en actuaciones atribuidas a personas vinculadas al entorno administrativo, así como en la responsabilidad de las autoridades de prevenir prácticas que pudieran comprometer la integridad de la gestión pública.
Ortiz Bosch también indicó que la investigación de la DIGEIG se inició cuando Féliz ya había sido destituido del cargo, por lo que la decisión presidencial había sido ejecutada antes de que el expediente llegara a esa institución.
Asimismo, señaló que en diversos espacios universitarios ha existido históricamente la práctica de realizar aportes voluntarios para apoyar actividades y causas de carácter social, y sostuvo que muchas personas entendían que ese mecanismo no constituía una infracción legal. No obstante, enfatizó que las instituciones públicas deben garantizar que cualquier forma de contribución o colaboración se maneje conforme a la ley, la ética y los principios de transparencia.
Las declaraciones de Ortiz Bosch, ofrecidas en el Gobierno de la Tarde, aportan una precisión sobre el caso al diferenciar una posible responsabilidad institucional de una implicación personal del entonces rector en los hechos investigados, contribuyendo a una comprensión más clara de las conclusiones expuestas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.