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La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sugirió este lunes que los funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes sean referidos a la Procuraduría General de la República para que se inicie el régimen de consecuencias establecido por ley.
La propuesta surge tras conocerse que al menos 47 alcaldes y 34 diputados no han cumplido con su obligación de declarar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas, tal como exige la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Ortiz Bosch explicó que el proceso sancionador se activa únicamente cuando la Procuraduría declara formalmente la omisión. A partir de ese momento, el funcionario queda inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de cinco años, aunque podrían aplicarse otras sanciones dependiendo del caso.
Durante una reunión con entidades del sistema nacional de control para evaluar los niveles de integridad pública, la funcionaria reconoció que la ley existe desde 2014, pero nunca se ha ejecutado de manera plena.
“La responsabilidad de aplicar la ley no recae en el Poder Ejecutivo, sino en la Cámara de Cuentas”, enfatizó Ortiz Bosch, al tiempo que recordó que las únicas acciones del Ejecutivo han sido suspensiones temporales a modo de presión.
Según detalló, esas suspensiones no constituyen sanciones definitivas, sino medidas administrativas para obligar a los funcionarios a cumplir con su deber legal.
La funcionaria concluyó que para que el sistema de control sea efectivo, se requiere que las instituciones actúen conforme al marco legal vigente y sin dilaciones, enviando los expedientes a la Procuraduría cuando corresponda.