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El abogado penalista Miguel Valerio advirtió que el proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión en República Dominicana podría constituir un riesgo para el ejercicio democrático del derecho a la información, especialmente en los medios de comunicación alternativos.
Al ser preguntado en El Sol de la Mañana de RCC Media sobre su posición luego de realizar una serie de publicaciones en su cuenta de X (antiguo Twitter), Valerio señaló que, si bien es válido que la legislación regule derechos, este proyecto apunta particularmente hacia los medios alternativos, lo cual considera una forma de discriminación. "Toda ley regula derechos, pero en este caso va dirigido a la comunicación alternativa, la que es sana en una democracia", expresó.
Para el jurista, cualquier regulación en materia de expresión debe contemplar la participación y el parecer de los actores involucrados, y propuso que bastaría con una disposición única en el Código Penal —y no una ley especial— para establecer sanciones adecuadas. En su opinión, esta regulación debe ser penal, ya que el honor y la dignidad humana son bienes jurídicos protegidos históricamente por el Derecho Penal, cuya finalidad es preventiva, a diferencia del Derecho Civil, que busca el resarcimiento económico.
Valerio insistió en que figuras como la difamación y la injuria deben mantenerse en el ámbito penal, aunque sin contemplar la prisión como sanción. Propuso que las penas consistan en multas a favor del Estado y daños y perjuicios a las víctimas, como una forma de castigo integral y proporcional.
Cuestionó también la posible creación de organismos reguladores que puedan actuar como mecanismos de censura previa, como la antigua Comisión de Espectáculos Públicos, a la que calificó de “triste institución”. Según Valerio, este tipo de instrumentos son ineficaces y contrarios a los principios de un Estado de Derecho y de una sociedad abierta.
Como alternativa, propuso un artículo único en el Código Penal que establezca sanciones por atentar contra la dignidad y el honor de una persona, sin importar el medio utilizado ni la profesión del infractor. "La única regulación posible es un artículo que diga: ‘Quien atente contra la dignidad y honor de la persona por cualquier medio será sancionado con penas de multa’”, afirmó.
Asimismo, lamentó que los legisladores no cuenten con equipos técnicos que estudien tendencias jurídicas internacionales, lo que —según él— contribuye a la creación de normativas que restringen derechos fundamentales como el libre flujo de la información.
Aunque reconoció que conductas como la extorsión, la difamación y la intromisión maliciosa en la vida privada deben ser sancionadas, advirtió que no se puede legislar de manera que se limite el derecho ciudadano a estar informado. “No pueden elaborarse leyes que pudiesen coartar el derecho a la información bajo el pretexto de proteger el honor”, concluyó.