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El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, continúa deteniendo a mujeres migrantes embarazadas, a pesar de existir directrices que restringen esta práctica, sometiéndolas además a condiciones de maltrato y negándoles acceso adecuado a atención médica básica, denunciaron este jueves diversas organizaciones de derechos humanos.
Según los activistas, las autoridades también están trasladando a migrantes menores de edad embarazadas, muchas de ellas víctimas de violaciones en albergues de Texas, donde el aborto está mayormente prohibido.
Estas denuncias surgen en un contexto donde el número de migrantes detenidos alcanza cifras récord, con casi 70.000 personas bajo custodia en febrero, según reportes del centro TRAC de la Universidad de Syracuse.
En el centro de detención de Eloy, cerca de Tucson, Arizona, mujeres embarazadas no reciben la atención médica adecuada, informó Jesús González, trabajador social de la organización Florence Immigrant and Refugee Rights Project. Entre los casos documentados se encuentra Esther, originaria de África central, quien quedó embarazada tras ser víctima de violación mientras esperaba en México su cita de asilo en Estados Unidos. Durante su detención, recibió únicamente vitaminas prenatales.
Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del National Latina Institute for Reproductive Justice, denunció que otra mujer con embarazo de alto riesgo pasó cuatro meses sin atención médica adecuada, y fue obligada a dormir en el suelo y a sufrir hambre.
Las directrices del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) establecen que, salvo en circunstancias excepcionales, no se debe detener a personas embarazadas, en posparto o en lactancia. No obstante, entre enero de 2025 y febrero de 2026, 498 mujeres en estas condiciones fueron detenidas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Además, el Gobierno trasladó a más de una docena de migrantes menores de edad embarazadas a un albergue en el sur de Texas, donde el aborto está restringido. La mitad de estas jóvenes habrían quedado embarazadas como resultado de abusos sexuales, según reportes de The Texas Newsroom.
Brigitte Amiri, abogada de la ACLU, advirtió que esta política representa un retroceso respecto a prácticas anteriores que buscaban ubicar a las menores embarazadas en instalaciones donde el aborto era legal, y resaltó que las jóvenes que buscan protección en EE.UU. deben recibir un trato digno y respetuoso, sin politizar su atención médica.