El Senado mexicano aprobó este miércoles la designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República, tras la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz y en medio de un clima nacional marcado por cuestionamientos a la política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Godoy era consejera jurídica de la Presidencia y antes fue fiscal de Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum en la capital, lo que alimentó el debate sobre su cercanía con la mandataria.
Sin embargo, ante los senadores aseguró que el cargo “no es premio; es mandato”, y prometió trabajar coordinadamente con autoridades de seguridad, fiscalías estatales y organismos de derechos humanos.
Su llegada se produce en un momento de fuerte presión pública. A inicios de noviembre, el asesinato del alcalde Carlos Manzo, en Michoacán, desató protestas en ese estado y movilizaciones de jóvenes en Ciudad de México. Una de estas marchas terminó en enfrentamientos con la policía, que dejaron más de 100 heridos y 19 detenidos.
El caso motivó además el despliegue de fuerzas federales en Michoacán, una región golpeada por el crimen organizado.
Alejandro Gertz, de 86 años, había sido nombrado en 2019 como el primer fiscal independiente de México tras una reforma legal que establecía su permanencia hasta 2028. Renunció la semana pasada, según versiones, por diferencias con la Presidencia relacionadas con filtraciones de información sensible.
La ley mexicana establece que el fiscal se elige a partir de una terna enviada por la Presidencia y votada en el Senado. Ahora, Godoy asume un cargo clave en un país con altos niveles de impunidad: se denuncia apenas el 6% de los delitos y menos del 1% obtiene una resolución, según la organización Impunidad Cero.