Medio Ambiente llevará al TC fallo que reduce Jaragua
El viceministro Batista cuestiona la validez de títulos de propiedad emitidos en 2016 dentro del parque y critica un informe catastral privado usado para el fallo del TSA. Procedimientos legales están en marcha.
El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista, informó que el Ministerio de Medio Ambiente recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena reducir los límites del Parque Nacional Jaragua.
Batista explicó en El Sol de la Mañana que el fallo tomó por sorpresa a la institución, pese a que sus abogados participaron activamente en el proceso. Afirmó que la decisión omitió mandatos constitucionales y legales que establecen la irreductibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Solo el Congreso puede reducir áreas protegidas
El funcionario subrayó que, conforme al artículo 16 de la Constitución y a precedentes recientes del Tribunal Constitucional, la única vía para modificar o reducir un área protegida es mediante la aprobación de las tres cuartas partes del Congreso Nacional.
“Esa competencia no puede ejercerse mediante una instrucción al Ministerio de Medio Ambiente”, sostuvo.
Recordó que en diciembre pasado el Tribunal Constitucional falló a favor del Estado en un caso similar relacionado con el Refugio de Vida Silvestre Gran Estero, en Samaná, reafirmando ese principio.
Títulos emitidos después de 2000
Uno de los puntos centrales expuestos por Batista es que los títulos de propiedad invocados por el grupo empresarial demandante fueron emitidos en 2016, es decir, 16 años después de que la Ley 64-00 y la Ley Sectorial 202-04 establecieran que solo se reconocerían títulos anteriores al año 2000 dentro de áreas protegidas.
Jaragua fue declarado parque nacional por decreto en 1983 y sus límites actuales existen desde esa fecha, recordó.
“¿Cómo se puede reconocer como derecho adquirido un título emitido años después de estar congelado el sistema?”, cuestionó.
Importante:
- El Ministerio de Medio Ambiente recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que reduce el Parque Nacional Jaragua.
- El viceministro Carlos Batista afirmó que solo el Congreso, con las tres cuartas partes, puede modificar un área protegida.
- Los títulos de propiedad en discusión fueron emitidos en 2016, años después de que la ley congelara los límites del sistema de áreas protegidas.
- La sentencia del TSA se basó en un informe catastral emitido por un agrimensor privado, lo que el Ministerio considera grave.
- Medio Ambiente advierte que reducir Jaragua sin base constitucional pone en riesgo el sistema nacional de áreas protegidas.
Informe catastral bajo cuestionamiento
Batista calificó como “grave” que la sentencia del TSA se apoye en un supuesto informe catastral que, según dijo, no fue emitido por la autoridad oficial correspondiente, sino por un agrimensor privado contratado por la empresa demandante.
Advirtió que ese elemento debilita la base probatoria del fallo y deja dudas sobre la valoración de la evidencia.
Acciones legales en curso
El Ministerio ya depositó recursos ante el Tribunal Constitucional y, además, otras entidades vinculadas a la coadministración del parque están iniciando procesos legales paralelos.
También se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para investigar la emisión de títulos y otros casos similares dentro del sistema de áreas protegidas.
Desarrollo y protección
Sobre el debate en torno a la cantidad de áreas protegidas, especialmente en Pedernales, Batista afirmó que el desarrollo turístico puede convivir con la protección ambiental, como ocurre en otras zonas del país.
Indicó que los proyectos bajo el fideicomiso Pro-Pedernales están fuera de los límites protegidos y que cualquier eventual modificación debe basarse en criterios técnicos rigurosos.
“En lugar de reducir el sistema, debemos fortalecerlo”, expresó, al advertir que el crecimiento poblacional y turístico aumentará la presión sobre recursos como el agua.
El viceministro insistió en que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituye la base del desarrollo sostenible de la República Dominicana y que cualquier intento de reducirlo sin el debido proceso constitucional representa un riesgo institucional y ambiental.