Medio Ambiente aclara que proyecto Romero sigue en evaluación y no está autorizado

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró este jueves que el proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest en la provincia San Juan, permanece en una etapa técnica de evaluación ambiental y aún no ha sido aprobado para su explotación.

El ministro Paíno Henríquez explicó que el proceso se rige por la Ley 64-00, tras la solicitud presentada por la empresa. En ese contexto, la institución elaboró los Términos de Referencia (TDR), documento que define los requisitos técnicos que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental.

Henríquez precisó que la aprobación de estos términos no implica autorización para explotar el proyecto, sino el inicio de una fase de análisis en la que su viabilidad será determinada con base en evidencia científica y normas nacionales e internacionales.

En ese sentido, indicó que el Ministerio espera la entrega del estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a una evaluación técnica detallada. Subrayó que estos estudios deben ser realizados por especialistas certificados y revisados por más de 25 técnicos, además de comités internos.

Asimismo, destacó que el proceso incluye mecanismos de participación ciudadana, como vistas públicas, consultas y la divulgación de resultados, permitiendo a la población presentar observaciones.

El funcionario agregó que se contempla integrar asesoría de expertos internacionales, universidades y sectores académicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia del proceso.

Frente a inquietudes de diversos sectores, reafirmó que el análisis se basa únicamente en información técnica verificable y criterios científicos. Indicó además que, según la propuesta actual, se trataría de una explotación subterránea a más de 150 metros, sin uso de cianuro ni mercurio, ni construcción de presa de cola.

Finalmente, sostuvo que el rol de la institución se limita a la evaluación ambiental conforme a la normativa vigente, mientras que otras decisiones corresponden a instancias estatales competentes, garantizando que cualquier determinación se adopte dentro del marco legal, con transparencia y protección de los recursos naturales.