Santiago.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial fijó para el próximo miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los siete acusados de participar en la muerte del chofer David Carlos Abreu Quezada, en un hecho que ha generado consternación en la sociedad.
El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva contra los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, a quienes acusa de asociarse para perseguir, interceptar y dar muerte al conductor de un camión recolector de desechos del Ayuntamiento de Santiago.
Según la investigación preliminar, los hechos se originaron tras un supuesto roce vehicular en la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez. Otra de las versiones es que la discusión se generó con unos supuestos prestamistas ante el cobro compulsivo, donde la víctima, al percibir la actitud violenta del grupo, decidió no detenerse, lo que desató una persecución por varios kilómetros.
El expediente establece que uno de los motoristas —aún prófugo— intentó obligar al conductor a detenerse colocando su motocicleta frente al camión, la cual fue arrastrada al eludir la agresión. Posteriormente, la víctima fue acorralada en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, lugar al que acudió en busca de protección.
Sin embargo, fue allí donde los agresores lograron alcanzarlo y, en medio de la turba, uno de ellos le propinó una estocada mortal con un cuchillo tipo caza, herida que le provocó la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Presidente Estrella Ureña.
“Evidentemente debe imponerse prisión preventiva, porque hubo persecución, intención de hacer daño y un desenlace mortal; eso es asesinato”, afirmó.
El órgano acusador indicó que cuenta con pruebas videográficas, testimoniales y materiales, incluyendo el arma blanca utilizada en el hecho, además de evidencias que muestran cómo los imputados actuaron como una “turba criminal”, incluso vociferando frases como “mátalo, mátalo” durante la agresión.
Asimismo, la Fiscalía precisó que no existen evidencias de que alguno de los motoristas resultara lesionado, desmontando así posibles alegatos de defensa.
El caso ha sido calificado jurídicamente, de manera provisional, bajo los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el asesinato.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a los fiscales a sostener cargos por asesinato, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones para determinar si existen otros implicados.
La audiencia del miércoles será clave para definir la situación jurídica de los imputados en un caso que ha puesto en evidencia los niveles de violencia colectiva y la necesidad de sanciones ejemplares.