Al menos 800,000 nicaragüenses, equivalentes al 11.6 % de la población total, han abandonado Nicaragua entre abril de 2018 y noviembre de 2025, de acuerdo con datos divulgados este jueves por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con motivo del Día Internacional del Migrante.
La organización, integrada mayoritariamente por activistas nicaragüenses y con sede en San José, Costa Rica, señaló que esta fecha se conmemora en el país en medio de un éxodo que calificó como “sin precedentes”, provocado por la falta de libertades y el deterioro de las condiciones democráticas.
Según el colectivo, las personas que han salido de Nicaragua buscan refugio, protección y oportunidades que consideran inalcanzables dentro del país debido a la persecución, la ausencia de libertades, la falta de democracia y la vulneración del derecho a la vida.
Impacto de la migración forzada
La ONG subrayó que, en el caso nicaragüense, la migración no responde a una decisión voluntaria, sino que es consecuencia directa de años de represión, hostigamiento y persecución política atribuidos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Advirtió que este fenómeno tiene un impacto profundo en el país, al señalar que la salida masiva de ciudadanos empobrece a Nicaragua y compromete su futuro, ya que cada persona que migra representa una pérdida de capital humano y de potencial para el desarrollo nacional.
El organismo también denunció que desde 2018 las autoridades han cerrado y confiscado 5,651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades, además de despojar de la nacionalidad a 492 nicaragüenses y forzar al exilio a más de 300 periodistas y a un número similar de religiosos.
Asimismo, afirmó que se han producido confiscaciones de propiedades y que se han cometido crímenes que calificó como de lesa humanidad. Añadió que quienes denuncian violaciones de derechos humanos enfrentan destierro, criminalización y situaciones de apatridia de facto.
De acuerdo con el colectivo, la política de destierro y confiscación, valorada en al menos 250 millones de dólares, ha provocado la separación de familias y comunidades, así como el crecimiento de nuevas generaciones de nicaragüenses en el exilio, expuestas a condiciones de precariedad y discriminación.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional para que denuncie el destierro como política de Estado en Nicaragua, mantenga la presión internacional por las violaciones de derechos humanos y garantice mecanismos de protección y refugio para quienes se ven obligados a abandonar el país.
La crisis iniciada en abril de 2018 ha derivado, según la ONG, en el mayor éxodo de la historia de Nicaragua, incluso superior al registrado durante la década de 1980, cuando el país atravesó una guerra civil.