
Luego de plantear algunas preguntas en el comentario emitido en el programa El Sol de la Mañana sobre el proceso de contratación de oficinas de abogados por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el comunicador Julio Martínez Pozo confirmó este martes que, "eso era el mecanismo para financiar un querellamiento personal del director del Intrant".
Recalcó que el deber del funcionario es denunciar, y que la querella es una decisión personal, que por lo tanto, si la asume, debe ser financiada con su "bolsillo" y no con el dinero de los contribuyentes.
"Ciertamente, es a cargo de los contribuyentes que está la defensa de la honorabilidad de Morrison, es a cargo de los contribuyentes", aseguró de manera categórica el coordinador de el mencionado matutino de la emisora Zol FM, después de haber recibido respuesta de la organización que detalla los objetivos por el que se ha llevado a cabo el proceso de contratación, los que catalogó como "camuflaje" y conversar con dos de los tres juristas contratados.
Los motivos de contratación, de acuerdo a la respuesta que dio el Intrant a Julio Martínez Pozo, son:
En ese tenor, Julio Martínez Pozo declaró que se comunicó con el abogado y catedrático Olivo Rodríguez Huerta, quien le dijo que hace mucho tiempo se había conversado con él sobre la redacción de algunos documentos y que ahora fue contactado por el Intrant para retomar el tema.
Sobre el mismo tema, se contactó al también profesional del derecho Julio Kury le dijo que se trata de una asesoría.
El tercer caso es la contratación de la firma de abogados Estrella y Tupete, que de acuerdo a los documentos obtenidos por el coordinador de El Sol de la Mañana, dicho contrato es por una suma aproximada a los 18 millones de pesos.
"Se propone la contratación de la firma de abogados Estrella y Tupete, atendiendo a su reconocida trayectoria y solvencia profesional para la prestación de servicios legales integrales, mediante un contrato de iguala, que incluye consultorías especializadas y la representación del INTRANT ante tribunales institucionales, el cual tendrá una vigencia de 12 meses", establece el documento.
De acuerdo al análisis de Martínez Pozo, se usaron los primeros dos contratos para justificar el último, en concordancia con las alegaciones de la necesidad de servicios legales planteadas en su respuesta sobre las preguntas hechas en el programa de el lunes.