El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó que el proceso judicial relacionado con presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina ha terminado convertido en “un gran fiasco”, debido a inconsistencias y decisiones que, a su juicio, debilitan el expediente.
Durante su comentario, Martínez Pozo sostuvo que desde la presentación formal de la acusación se evidenciaron problemas, entre ellos la exclusión de personas que inicialmente fueron señaladas como responsables del manejo irregular de recursos públicos.
“Ha terminado siendo un gran fiasco porque desde que empezó el proceso de la presentación formal de la acusación resulta que los principales implicados, la gente que supuestamente había manejado de manera fraudulenta miles de millones de pesos, fueron excluidas”, expresó.
El comunicador indicó que el caso involucra a figuras políticas de alto perfil, entre ellas Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, además de otras personas vinculadas al proceso.
En el análisis de este lunes, Martínez Pozo también cuestionó el manejo de una auditoría elaborada por la unidad antifraude de la Contraloría, documento que sirvió como base inicial para la investigación y que luego fue excluída como prueba en el proceso judicial.
Explicó que el propio Ministerio Público solicitó al tribunal excluir dicho informe del expediente. “La procuradora anticorrupción solicitó formalmente a la jueza que excluya ese informe… pero esto es como quitarle la base de lo que ha sido el sustento de toda esta acusación”, señaló.
El comunicador argumentó que el informe presentaba irregularidades legales, entre ellas la ausencia de la firma del contralor general, requisito que calificó de indelegable.
“No hay una sola cosa que pueda salir de la Contraloría sin la firma del contralor, porque esa firma es indelegable y esa firma no estaba en ese informe”, explicó. Asimismo, afirmó que el decreto de creación de la unidad antifraude es de una fecha posterior al documento que elaboró el reporte, lo que, a su entender, pone en duda su validez.
Otro de los aspectos que criticó en el proceso judicial fue la solicitud de abogados del Estado para excluir menciones hechas en interrogatorios sobre supuestos aportes a otras campañas políticas, entre ellas la del presidente Luis Abinader.
“Ahí se admitió que ha habido aportes a otras candidaturas, pero se tiene el descaro de pedirle a la jueza que anule todo eso. Aquí nada más nos interesa una parte”, cuestionó.
Finalmente, Martínez Pozo advirtió que las decisiones adoptadas durante el proceso podrían tener consecuencias futuras para quienes han participado en la conducción del expediente. “Parte de los errores que se han cometido ahí son los que después en el futuro vienen detrás de ti… eso que ha ocurrido con ese expediente es una cosa que tendrá consecuencias futuras”, concluyó.