El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, calificó como un “acto de prevaricación” la decisión de permitir que el exdirector de Casinos, Oscar Chalas, quien admitió culpabilidad en un caso de corrupción, solo devuelva dinero al Estado y no sea sometido a la justicia penal.
Durante su comentario de este viernes, Martínez Pozo expresó su rechazo a lo que considera un uso indebido del poder por parte de las autoridades judiciales. “El Ministerio Público, ni un juez tienen poder para hacer eso, están abusando de su poder”, afirmó tajantemente.
El comunicador cuestionó la legalidad de que un funcionario que confiesa un delito pueda evadir un proceso penal mediante el pago o la devolución de fondos públicos. “Todo crimen tiene que atravesar por un proceso penal y el perdón de un fiscal no es un proceso penal”, enfatizó.
Martínez Pozo explicó que tanto los fiscales como los jueces carecen de potestad para transformar un crimen en un simple asunto civil. A su juicio, lo que se está aplicando en este caso es una distorsión del llamado “criterio de oportunidad”, una figura legal que, según dijo, está siendo mal utilizada.
“Me están hablando de criterio de oportunidad, pero eso no es criterio de oportunidad. En Estados Unidos los acusados que colaboran con la justicia enfrentan procesos y sus penas se atenúan, pero no se suprimen”, argumentó el comunicador.
Añadió que en el país se está generando un precedente peligroso al permitir que personas que admiten delitos graves evadan la persecución penal a cambio de acuerdos económicos. “Ellos se arrogan el poder de suprimir delitos criminales y tratarlos como si fueran cuestiones civiles”, criticó.
El coordinador de El Sol de la Mañana también puso en duda la utilidad de las declaraciones de acusados que se presentan como colaboradores. Sostuvo que “la palabra de un delincuente no vale de nada”, y que las autoridades deberían basar sus casos en pruebas verificables, no en testimonios de implicados.
“El delincuente puede declarar lo que quiera, pero su palabra no tiene valor si no se comprueba con investigación”, dijo, cuestionando la eficacia de los acuerdos judiciales sustentados solo en delaciones.
Finalmente, Martínez Pozo advirtió que este tipo de prácticas no fortalecen la justicia, sino que “promueven la corrupción, descaradamente”. En su opinión, liberar de responsabilidad penal a quienes admiten delitos constituye una forma de complicidad institucional y una distorsión del concepto de justicia.