El comentarista Julio Martínez Pozo coincidió con el pedido de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que solicitó al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, al advertir que su entrada en vigor en las próximas semanas podría generar grave trastorno en el sistema de justicia debido a las diferencias que, según la entidad, aún contiene el texto aprobado.
“Yo creo que esa propuesta realmente es pertinente ante todos estos cuestionamientos, ante el caos que pudiera generarse con la entrada en vigencia de ese Código Penal. Ojalá que esta iniciativa sea escuchada”, dijo Martínez Pozo durante su comentario en El Sol de la Mañana.
El comentarista señaló que, ante los cuestionamientos surgidos sobre temas como la libertad de expresión y la criminalización del ejercicio de la medicina, lo más conveniente sería tomar un tiempo adicional para corregir las inconsistencias detectadas en la nueva legislación.
Finjus planteó que el presidente de la República impulse una modificación al artículo 393 de la Ley 74-25, a fin de aplazar la aplicación del nuevo Código Penal y abrir un espacio de consulta y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
Martínez Pozo también se refirió a la solicitud hecha por el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien exigió al Gobierno dominicano una rebaja inmediata en los precios de los combustibles, argumentando que el barril de petróleo ha descendido a unos 70 dólares y se acerca al precio proyectado en el Presupuesto Nacional.
El comentarista pidió honestidad y transparencia al Gobierno, aunque reconoció que fue el propio Estado quien asumió parte importante de los costos cuando los combustibles subieron en el mercado internacional.
“Lo que el Gobierno tiene que hacer es ser transparente. Si el Gobierno se toma un periodo corto, en cierta medida de reposición, debe comunicarlo y hacerle saber a la población que serán rebajados los combustibles”, expresó.
Dijo que la población podría entender si el Gobierno decide entrar en una etapa de amortiguación o reposición por los recursos asumidos anteriormente, siempre que se explique con claridad y se establezca el compromiso de aplicar rebajas.
“El solo hecho de yo saber que en el futuro voy a comprar combustible más barato ya es un mensaje positivo”, manifestó Martínez Pozo.
El analista también se refirió al conocimiento por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de una solicitud individual realizada por Francisco Domínguez Brito, quien pidió al órgano electoral una opinión legal sobre el reglamento y la viabilidad de la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger su candidato presidencial.
Martínez Pozo reiteró que, a su juicio, la JCE no debió admitir el conocimiento de una solicitud particular, porque el órgano electoral interactúa con los partidos políticos y no con dirigentes de manera individual, salvo casos concretos dentro de un proceso electoral formal.
“La Junta interactúa con partidos políticos, no con dirigentes políticos”, sostuvo, al indicar que los partidos tienen representantes debidamente acreditados ante la JCE y que son esas organizaciones las que tienen calidad para presentar reclamos institucionales.
Afirmó que la comunicación emitida por la JCE no tiene carácter vinculante para el PLD, porque, según explicó, no se trata de una resolución formal, sino de una respuesta a una comunicación enviada por una persona en particular.
En clave:
Martínez Pozo advirtió que abrir la puerta para que cualquier dirigente político lleve una comunicación individual a la Junta y reciba una respuesta podría generar desorden y afectar la institucionalidad de los partidos políticos.
Finalmente, el comentarista sostuvo que el panorama político nacional está marcado por un alto nivel de indecisión ciudadana y que los partidos no están logrando atraer nuevos votantes con un discurso dirigido a ese electorado.