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El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional ha desatado "un avispero", con preocupación de diferentes sectores del país.
Citó rechazo expresado por los obispos dominicanos a la reciente sentencia que elimina las sanciones contra las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Martínez Pozo señaló que el pronunciamiento fue realizado mediante un comunicado firmado por monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Nacional de la Familia, en el que se señala que la sentencia ha dejado “perplejo a ciudadanos, legisladores, autoridades, instituciones y a toda la vida nacional”.
La decisión del TC declara inconstitucional los artículos 210 de la Ley 285 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que sancionaban la sodomía entre personas del mismo sexo con penas de seis meses a dos años de prisión correccional cuando se trataba de oficiales.
Durante su análisis en El Sol de la Mañana, el coordinador Julio Martínez Pozo sostuvo que la sentencia carece de efectos prácticos, al recordar que los tribunales penales militares fueron excluidos, por lo que no existe un mecanismo real de sanción.
“Eso no tiene objeto, porque aunque eso se establezca, la penalización debe hacerse ante tribunales y si los tribunales no existen, no hay penalización”, afirmó.
Se trata de una decisión que no aporta soluciones concretas y que solo ha generado controversia pública, consideró el comunicador. “De lo que se trata es de una sentencia sin objeto que no va a aportar solución absolutamente a nada, sino que lo que ha desatado es un avispero”, expresó.
El comunicador también hizo referencia a la reacción de algunos constitucionalistas, como Nassef Perdomo, quien criticó las declaraciones del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional, al señalar que ambos aseguraron respetar la sentencia, pero continuarían aplicando sus reglamentos internos.
“Acatan la sentencia, pero no la cumplen. Esto se sitúa fuera de lo constitucionalmente permitido”, citó Martínez Pozo al referirse a la posición de Perdomo, quien sostiene que los artículos 252 y 255 de la Constitución prohíben la deliberación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la misma línea, citó al jurista Cristóbal Rodríguez Gómez, quien advirtió que los funcionarios de alta jerarquía no tienen facultad para opinar sobre decisiones del TC. “Lo que corresponde es acatar la sentencia, no deliberar sobre su contenido y aplicación”, puntualizó.
Sin embargo, Martínez Pozo cuestionó la efectividad real del fallo, al indicar que existen numerosas sentencias del TC que no se cumplen. “Debe haber más de 100 sentencias que nadie cumple, que nadie absolutamente cumple”, aseguró, al reflexionar sobre la debilidad institucional en el respeto a las decisiones judiciales.
Finalmente, el coordinador de El Sol de la Mañana planteó que la situación evidencia un problema más profundo relacionado con la sobrecarga y la falta de viabilidad de la propia Constitución.
“Hemos convertido esa Constitución en un pedazo de papel, porque hay muchas cosas que la hemos colocado al margen del cumplimiento”, concluyó.