El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, advirtió que la posibilidad de retirar el código SENASA para pacientes subsidiados en centros privados sería una medida de graves consecuencias para miles de personas que dependen de estos servicios especializados.
Martínez Pozo explicó que, aunque aún no se ha tomado una decisión final, la iniciativa “se ha estado discutiendo” y generaría un impacto crítico debido a las limitaciones financieras y operativas del sistema hospitalario público.
El coordinador detalló que existen atenciones médicas que prácticamente solo se brindan en centros privados por su nivel de especialización.
Según afirmó, “los hospitales públicos pocos están preparados para poder brindar estos servicios”, lo que obligaría a los pacientes subsidiados a buscar atención en instituciones que actualmente cuentan con acuerdos vigentes con SENASA.
Martínez Pozo agregó que, aunque algunos hospitales públicos pueden ofrecer uno que otro servicio especializado, “por lo general no” pueden cubrir la demanda nacional ni la complejidad de esos casos. Por esta razón, los centros privados reciben el pago correspondiente del seguro estatal cuando atienden a afiliados del régimen subsidiado.
El analista reconoció que, si el objetivo a largo plazo es que los hospitales públicos asuman estos servicios, la transición debe ser gradual.
“Si el objetivo es que esos servicios los brinden los hospitales públicos, pues de manera paulatina se vaya habilitando ese servicio”, señaló.
Sin embargo, insistió en que no es posible improvisar con este tipo de condiciones médicas. “Estamos hablando de enfermedades que no cuentan con chance de improvisación, con chance de prueba”, dijo al subrayar que quienes ya reciben atención especializada deben mantenerla sin alteraciones.
Cualquier cambio debe comenzar por fortalecer las principales regiones del país, donde existe mayor densidad poblacional y mayor posibilidad de integrar recursos humanos y tecnológicos, indicó Martínez Pozo en su análisis.
Explicó que sería ideal contar con capacidad especializada en todo el territorio, pero reconoció que, “no tenemos las condiciones para tener los especialistas requeridos ni toda la tecnología requerida en cada uno de los hospitales del país”.
Ante este panorama, exhortó a que la medida no se implemente. Insistió en que retirar el acceso a servicios privados para pacientes subsidiados pondría en riesgo tratamientos que, en muchos casos, representan la diferencia entre la vida y la muerte.
Finalmente, Martínez Pozo reiteró que la prioridad debe ser garantizar la continuidad del servicio mientras se fortalecen, paso a paso, las capacidades del sistema público. Para ello, llamó a las autoridades a ponderar el impacto real de la propuesta y a mantener como norte la protección de los pacientes más vulnerables.