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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó este viernes responder de forma directa si la Administración del presidente Donald Trump tiene como objetivo sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la política estadounidense está centrada en la protección de los intereses de EE. UU.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado, donde Rubio calificó al Gobierno venezolano como un “régimen ilegítimo” y sostuvo que mantiene vínculos con organizaciones que representan una amenaza para la seguridad estadounidense.
Rubio también eludió pronunciarse sobre la necesidad de que el Ejecutivo solicite autorización del Congreso para eventuales acciones militares contra territorio venezolano, al señalar que no ha ocurrido nada que obligue a pedir ese aval legislativo.
Durante su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que la estrategia de la actual Administración no se centra en declaraciones sobre cambios de gobierno, sino en la defensa de los intereses nacionales.
Entre los puntos señalados por Rubio se destacan:
El funcionario evitó confirmar si la Casa Blanca contempla acciones militares directas o un cambio de liderazgo en Venezuela como parte de su estrategia.
Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de aumento de la presión estadounidense sobre Caracas. Esta semana, el presidente Trump ordenó el bloqueo de la entrada y salida de petroleros sancionados que operen con Venezuela, una medida que siguió a la incautación de un buque cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.
En una entrevista reciente con NBC News, Trump afirmó que no descarta una guerra con Venezuela y se negó a precisar si su objetivo final es el derrocamiento de Maduro, limitándose a señalar que el mandatario venezolano “sabe exactamente” cuáles son sus intenciones.
Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de liderar el denominado Cártel de los Soles, una afirmación que Caracas rechaza. Mientras tanto, sectores del Partido Demócrata han insistido en que cualquier acción militar requeriría la aprobación del Congreso, como establece la Constitución estadounidense.