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El jurista Manuel Sierra afirmó que es una “falsedad” sostener que República Dominicana cuenta con un Código Penal completamente nuevo y actualizado, al señalar que todavía permanecen vigentes leyes especiales fuera de esa normativa y que no se han incorporado de manera integral todas las figuras jurídicas que se presentan como novedades.
Sierra advirtió que modificar el Código Penal de forma acelerada, antes de su entrada en vigencia, podría generar “un tollo mayor que el que se hizo”, debido a la presión social y política que actualmente enfrentan los legisladores para introducir cambios en la pieza.
Durante su participación en El Sol de la Mañana, el abogado explicó que el Código Penal es una de las herramientas más importantes del Estado, porque regula la persecución de los delitos, las sanciones y la relación entre los ciudadanos y el poder punitivo estatal.
Sierra rechazó el argumento de que el nuevo Código Penal coloca al país al nivel de los sistemas jurídicos modernos, al señalar que continúan fuera del texto principal varias leyes especiales que regulan conductas delictivas.
Mencionó como ejemplos la legislación sobre delitos de alta tecnología, extinción de dominio, lavado de activos y terrorismo, indicando que estas normas permanecen separadas del Código Penal.
A su juicio, esta dispersión genera una especie de “inflación legislativa” y puede provocar inseguridad jurídica, porque los ciudadanos y operadores del sistema deben acudir a diferentes textos legales para conocer las normas aplicables.
El jurista cuestionó que el Congreso Nacional busque modificar una normativa que todavía no ha comenzado a aplicarse y preguntó por qué esas discusiones no se produjeron durante el proceso de elaboración del Código.
Consideró que los legisladores están actuando bajo presión de sectores específicos, como medios de comunicación, médicos y otros grupos profesionales, pero advirtió que reformar una pieza penal de esa importancia sin suficiente análisis puede traer consecuencias negativas.
Sierra también manifestó preocupación por el incremento de las penas contempladas en la nueva normativa y cuestionó si el sistema penitenciario dominicano tiene capacidad para asumir condenas prolongadas.
Explicó que penas de 30, 40 o hasta 60 años podrían generar mayores dificultades en un sistema carcelario que ya enfrenta problemas de sobrepoblación.
“Cuando comiencen a introducir gente con 30, 40 y hasta 60 años, ¿en qué cárceles los vamos a instalar? ¿Cómo el Estado dominicano va a soportar los costos que conlleva eso?”, planteó.
El abogado sostuvo que no es correcto afirmar que el país permaneció 150 años sin modificar su Código Penal, al recordar que la legislación vigente ha recibido cambios mediante distintas reformas.
Sierra consideró que muchas de las figuras incorporadas en la nueva normativa pudieron haberse integrado mediante modificaciones al Código existente, aprovechando la experiencia acumulada por el sistema judicial dominicano durante décadas.
El jurista también cuestionó posibles contradicciones entre algunas disposiciones del nuevo Código Penal y principios constitucionales relacionados con derechos fundamentales y participación ciudadana.
Aunque reconoció que la normativa contiene aspectos positivos, especialmente en materia de principios generales, insistió en que algunas figuras podrían generar dificultades al momento de su aplicación.
Sierra concluyó que el debate debe centrarse en construir una legislación penal adaptada a la realidad dominicana y no en trasladar modelos extranjeros sin considerar las condiciones sociales y jurídicas del país.