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El abogado Manuel Sierra aseguró que gran parte del descrédito que enfrenta hoy el sistema de justicia dominicano se debe a actuaciones del Ministerio Público, criticando la forma en que se han manejado casos de corrupción recientes.
La crítica surge luego de que el director de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho indicara que se ha producido una "jurisprudencia de la corrupción", tras la decisión de la jueza Altagracia Ramírez de dictar un no ha lugar en favor de varios imputados en un caso de corrupción administrativa.
El jurista señaló que la jueza involucrada ha violado la ley en múltiples ocasiones, pero para beneficiar al Ministerio Público.
Sierra explicó que no se trata de cuestionar la resolución que favoreció a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros judicializados, sino de criticar la forma en que se ha gestionado el proceso, con manipulación de testigos y pruebas débiles.
Destacó la petulancia y la actitud de algunos representantes del Ministerio Público, señalando que sus acciones reflejan frustración ante decisiones judiciales legales y apegadas a la normativa.
"Es un discurso en contra de todos los jueces del país, y me extraña que el Consejo del Poder Judicial, muy activo para algunas cosas, no se haya pronunciado o no llame a capítulo a esta autoridad vinculada al sistema de justicia", dijo Manuel Sierra.
Sierra criticó la práctica del Ministerio Público de sostener acusaciones basadas únicamente en testimonios manipulados, como ocurrió en el caso de José Ramón Peralta, donde se utilizó un testigo vinculado a la OISOE sin evidencia documental clara.
El abogado comparó la situación con casos internacionales, subrayando que incluso en España, cuando se liberó a una acusada, el gobierno acató la decisión sin intentar desacreditarla públicamente, en contraste con lo ocurrido en República Dominicana.
Afirmó que estas conductas vulneran derechos fundamentales y resaltó la necesidad de que instituciones como la Asociación de Jueces se pronuncien para proteger la integridad del sistema judicial.
Señaló que la frustración del Ministerio Público no justifica la erosión de la confianza ciudadana y pidió que se respeten los principios de objetividad y legalidad en todos los procesos judiciales.