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El abogado Manuel Sierra responsabilizó directamente al Ministerio Público de las pérdidas millonarias asociadas al proceso judicial del caso Las Parras, al asegurar que la investigación ha sido manejada con negligencia, violaciones procesales y una “mentalidad inquisitorial” que ha prolongado innecesariamente el expediente durante cinco años sin resultados.
Durante su intervención en El Sol de la Mañana, Sierra fue cónsono en que el expediente —relacionado con la readecuación de la cárcel de Las Parras— se convirtió en “el caso más costoso para el país”, no solo por los RD$3,000 millones que implicó cerrar el recinto, sino también por el gasto acumulado de fiscales, audiencias, recursos judiciales y plazos vencidos.
El jurista afirmó que el Ministerio Público ha entorpecido el proceso desde el inicio, recordando que la propia institución aseguró en 2021 que el expediente estaba “blindado”, pero aun así solicitó que fuera declarado complejo, pidió prórrogas y permitió que vencieran los plazos legales sin presentar la acusación de manera correcta. “El retraso es única y exclusivamente responsabilidad de la negligencia y la incapacidad del Ministerio Público”, sentenció.
"Aquí se le dijo al país en el 2021 el 8 de junio del 2021 de que se contaba con un proceso blindado. Con 25 fiscales en las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la hoy procuradora general de la República, encargada esa vez de persecución del Ministerio Público le dijo al país que ella contaba con un proceso extremadamente blindado y concurrentemente, en ese mismo momento, le pedía al juez que entonces le facilitara un proceso, cuyo retraso es única y exclusivamente responsabilidad de la negligencia y la incapacidad del Ministerio Público", dijo el abogado.
Sierra deploró que el expediente fuera presentado ante un tribunal incorrecto, en una fecha que no correspondía y con una acusación incongruente respecto a los hechos inicialmente formalizados, lo que —según explicó— constituye base suficiente para su anulación. También criticó que el Ministerio Público depositara la acusación sin respetar la sustitución formal que otorgaba esa responsabilidad al entonces procurador suplente, creando otro vicio insubsanable.
A su juicio, el caso Las Parras es ejemplo de cómo el Estado pierde más dinero por “despilfarro procesal” que por corrupción: “Tenemos cinco años utilizando fiscales, encendiendo aires acondicionados, usando jueces, diligencias… todo ese dinero perdido”, subrayó. Recordó que, aunque las leyes prevén compensaciones por errores judiciales a víctimas, no existe una normativa que permita resarcir al Estado por el abuso de procesos mal manejados.
Sobre cómo corregir esta realidad, Sierra insistió en que el Código Procesal Penal es claro, pero que el Ministerio Público actúa como si siguiera rigiéndose por el viejo sistema inquisitorio. Dijo que la investigación nunca entregó diligencias a la defensa en los plazos establecidos y que la institución no cumple con su deber de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo. “Mientras el Ministerio Público no abandone esa mentalidad, los procesos seguirán siendo un fracaso”, afirmó.
Finalmente, señaló que lo ocurrido con Las Parras es un ejemplo de cómo un expediente mal manejado se convierte en una carga económica sin resultados, y reiteró que las falencias acumuladas hacen inevitable que el proceso termine anulado por violaciones graves al debido proceso.