Manuel Sierra advierte nulidad de procesos por uso de motes y violaciones en fase investigativa

El abogado Manuel Sierra aseguró en El Sol de la Mañana que varios procesos judiciales de alegada corrupción podrían quedar anulados tras decisiones del Tribunal Constitucional que cuestionan tanto el uso de motes como las actuaciones del Ministerio Público en la fase preparatoria.

Sierra respaldó el criterio de que el empleo de sobrenombres o calificativos en expedientes judiciales vulnera derechos fundamentales.

“El Tribunal Constitucional mandó a cesar y radiar de los expedientes esos nombres porque atacan el principio de dignidad”, sostuvo.

Explicó que la dignidad humana no es solo un principio, sino una regla constitucional consagrada en la Carta Magna y en el Código Procesal Penal.

A su juicio, el uso de motes afecta directamente el principio de presunción de inocencia, ya que el imputado llega ante el juez “premarcado” y con un sesgo negativo.

“Cuando el ciudadano se presenta ante los jueces, ya llega con una especie de etiqueta de culpable”, afirmó.

El jurista indicó que esa decisión del Tribunal Constitucional debe producir la nulidad del proceso, al haberse lesionado derechos fundamentales desde el inicio.

Además, citó la sentencia 0766/24 del Tribunal Constitucional, vinculada al caso de Loander Medina, en la que se cuestiona que el Ministerio Público realizara investigaciones sin notificar debidamente a los imputados y sin respetar el derecho de defensa.

Según explicó, el alto tribunal estableció que el Ministerio Público está obligado a garantizar acceso a la información del proceso, siempre que no afecte la investigación, y que esa fase está sujeta a plazos y controles.

Sierra también criticó que se realizaran peritajes y entrevistas en el extranjero sin agotar mecanismos como la comisión rogatoria y la cooperación internacional.

Agregó que convertir imputados en testigos sin respetar el debido proceso resulta cuestionable desde el punto de vista ético y jurídico.

Reforma del Código Penal

A su entender, estas decisiones del Tribunal Constitucional dieron pie a la reforma del Código Procesal Penal, obligando al Congreso a establecer mayores garantías en la fase preparatoria.

“Si el propio Tribunal Constitucional y el Congreso admiten que hubo violaciones en la fase investigativa, este proceso no tiene otra salida que la anulación”, afirmó.

Sierra consideró que las actuaciones señaladas podrían generar futuras demandas contra el Estado por daños patrimoniales y morales.

Cuestiona las filtraciones

Asimismo, cuestionó filtraciones selectivas a la prensa y acuerdos con imputados que, según dijo, habrían excedido los límites legales.

“El Ministerio Público tiene facultades, pero tiene límites. No puede actuar por fuera de la ley”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el sistema de justicia debe reflexionar sobre estos precedentes, advirtiendo que los excesos procesales podrían terminar debilitando la credibilidad institucional.

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