Manny Sierra critica al Ministerio Público por “torpedear” el proceso del caso SeNaSa
Sierra cuestiona plazos de investigación de 18 meses y critica la presentación mediática de los imputados. Considera que dichas medidas violan la presunción de inocencia y retrasan el proceso judicial.
El abogado Manuel “Manny” Sierra aseguró este martes que el Ministerio Público es el principal responsable de ralentizar y debilitar el proceso judicial del caso SeNaSa, al entender que sus actuaciones han atropellado las garantías procesales y vulnerado el debido proceso desde la etapa inicial.
Durante una intervención telefónica en el programa El Sol de la Mañana, Sierra sostuvo que los acuerdos promovidos por el órgano persecutor, lejos de fortalecer la investigación, constituyen en sí mismos un acto contrario a la legalidad.
A su juicio, el Ministerio Público, como órgano constitucional, está llamado a proteger derechos fundamentales y a velar por el respeto estricto de la ley, algo que —según afirmó— no está ocurriendo en este proceso.
El proceso abre puerta a recusaciones
El jurista explicó que la declaratoria de complejidad del caso genera efectos contraproducentes, ya que obliga a transparentar toda la investigación ante los imputados desde etapas tempranas, eliminando la reserva con la que antes el Ministerio Público conducía sus indagatorias. Esto, dijo, abre la puerta a recusaciones, participación de peritos alternos y múltiples incidentes procesales que inevitablemente retrasan el avance del caso.
Sierra advirtió que esta situación será utilizada más adelante para responsabilizar a los imputados o a sus abogados de la lentitud del proceso, cuando —en su opinión— es el propio Ministerio Público quien ha creado las condiciones para ese retraso. “Quien se está torpedeando su propio proceso es el Ministerio Público”, enfatizó.
Cuestiona medida de 18 meses
Asimismo, cuestionó que se soliciten plazos de hasta 18 meses para investigar, mientras públicamente se presenta a los imputados como culpables, lo que consideró una contradicción grave y una violación directa al principio de presunción de inocencia. Señaló que convertir las audiencias de medidas de coerción en espectáculos mediáticos solo busca aplausos momentáneos, pero debilita los procesos de fondo.
Finalmente, criticó la pasividad de algunos jueces frente a estas prácticas, al permitir exposiciones extensas y calificativos anticipados por parte del Ministerio Público. A su entender, la presión mediática se ha convertido en una herramienta para suplir deficiencias investigativas, lo que representa un riesgo para el Estado de derecho y para la credibilidad del sistema de justicia.
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