El abogado Manuel Sierra consideró que el nuevo Código Penal dominicano tendrá una aplicación limitada en el tiempo debido a varias disposiciones que, a su juicio, podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de expresión y ejercicio profesional de los abogados.
Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, Sierra respaldó las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien ha cuestionado varios aspectos de la legislación aprobada, y afirmó que el texto contiene disposiciones que podrían ser revisadas nuevamente.
El jurista sostuvo que Fernández tiene una amplia experiencia en materia constitucional y de libertad de expresión, por lo que coincidió con su planteamiento de que el Código Penal podría requerir modificaciones en el futuro.
Sierra también advirtió sobre el artículo relacionado con el ultraje en el ámbito jurisdiccional, al considerar que podría afectar la capacidad de los abogados para ejercer su defensa y presentar incidentes dentro de los procesos.
“El abogado llega a defender y terminará preso”, comentó durante la entrevista al advertir sobre las consecuencias que, según su criterio, podría generar una aplicación amplia de esas disposiciones.
Sierra centró sus críticas en las disposiciones relacionadas con la difamación y la injuria, al advertir que podrían generar una especie de “censura previa” para periodistas, comunicadores y ciudadanos que emitan opiniones sobre funcionarios o particulares.
Explicó que, según su interpretación, la norma establece que la imputación de un hecho concreto que afecte el honor, la imagen, la dignidad o el buen nombre de una persona podría ser considerada difamación, incluso cuando quien lo expresa entienda que está diciendo la verdad.
“Esta censura previa lo que invita es que los abogados desaparezcan de la faz de la Tierra”, afirmó Sierra al referirse también a las disposiciones que podrían afectar la labor de los profesionales del derecho durante los procesos judiciales.
El abogado indicó que los periodistas podrían verse obligados a realizar una revisión previa de sus publicaciones por temor a procesos judiciales y a tener que demostrar posteriormente en tribunales la veracidad de sus informaciones.
El jurista recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales y que las sanciones deben privilegiar mecanismos civiles antes que penas privativas de libertad.