Manny Sierra advierte que el Congreso desacata al TC con últimas modificaciones al Código Penal

El abogado Manny Sierra advirtió este viernes en El Sol de la Mañana que las recientes modificaciones al Código Procesal Penal (CPP) aprobadas en el Congreso —y especialmente en el Senado— constituyen un desacato directo a una instrucción expresa del Tribunal Constitucional (TC), además de representar un riesgo grave para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sierra explicó que el TC anuló la Ley 10-15 por vicios en su promulgación y ordenó al Congreso realizar ajustes específicos, pero que el Senado, guiado —según él— por lineamientos de la Procuraduría General de la República, ignoró esas directrices y promovió cambios que expanden el poder del Ministerio Público y deterioran garantías procesales esenciales.

“Hay un desacato al Tribunal Constitucional”

El jurista señaló que, al devolver la ley anulada, el Tribunal Constitucional estableció mandatos puntuales. Sin embargo, el Congreso introdujo nuevas modificaciones no autorizadas, alterando artículos clave sobre los plazos de investigación, el inicio formal de los procesos y el rol del juez de garantía.

“Esto es sumamente grave. El Senado desobedeció lo que le ordenó el Tribunal Constitucional. Lo que tenemos aquí es un desacato”, afirmó Sierra.

Criticó además que la Procuraduría —órgano acusador— haya incidido en la redacción: “Es un órgano eminentemente inquisitorial. No puede ser quien oriente reformas que afectan derechos de los ciudadanos”.

Plazos ampliados y mayor discrecionalidad: un retroceso

Sierra alertó que la reforma amplía los plazos de la fase preparatoria y delega su extensión al criterio discrecional del juez, lo que calificó como “un golpe directo a la presunción de inocencia”.

Recordó que:

• El CPP establecía 4 años como máximo de investigación en casos complejos.
• Ahora se abre la posibilidad de llegar a 5 o 6 años, más un año adicional después de dictada la sentencia en primera instancia.

Para Sierra, esto significa “meter a un ciudadano en un proceso interminable”, en una práctica que atribuyó a la incapacidad operativa del Ministerio Público más que a problemas legales.

“Es imposible sostener a una persona 6 años bajo investigación. Eso viola la razonabilidad, la proporcionalidad y el debido proceso”, enfatizó.

El inicio de la investigación queda difuso

Otra de las alertas planteadas por Sierra es que la reforma no define como inicio de investigación actos tan intrusivos como la intervención telefónica, lo que abre un “vacío gravísimo” y permite que el Ministerio Público actúe sin activar garantías judiciales inmediatas.

“Si un fiscal pide intervenir el teléfono de un ciudadano, ese acto debe marcar el inicio de la investigación. Este proyecto ni lo contempla”, puntualizó.

Sobre las auditorías usadas como pruebas: un error procesal repetido

Sierra aprovechó para cuestionar el manejo de las auditorías de la Cámara de Cuentas, que —recordó— no son pruebas por sí mismas, sino insumos preliminares para que el Ministerio Público determine si existe mérito penal.

Sin embargo, afirmó que la Procuraduría está usando auditorías “como pruebas finales para imputar”, sin iniciar formalmente la investigación ni permitir participación al ciudadano auditado.

“Eso viola el derecho de defensa. Es inquisitorial. La Cámara de Cuentas debe notificar, escuchar y permitir contradicción. No puede enviar hallazgos sin que el ciudadano participe”, explicó.

Sin consecuencias para fiscales ni responsables del atraso

El abogado también cuestionó que la normativa no establece responsabilidades claras para jueces o fiscales cuyo mal desempeño cause la extinción de un proceso. Esto, dijo, crea un sistema donde “nadie responde” por investigaciones fallidas o vencidas.

“Un fiscal puede tener al país paralizado por una investigación que luego no llega a nada y no pasa absolutamente nada. Eso no es justicia”, sostuvo.

“Esto afecta a todos: cualquiera puede ser imputado”

Sierra insistió en que estas reformas no afectan solo a imputados por corrupción o casos mediáticos, sino a cualquier ciudadano.

“La ley toca a todo el mundo. Cualquiera puede ser imputado. Ver este proceso reformatorio sin preocupación es un error grave”, advirtió.

Populismo legislativo y pérdida de autoridad institucional

Finalmente, Sierra lamentó que el Congreso actúe —según él— “por populismo y presión mediática”, sin rigor técnico ni respeto al control constitucional.

Advirtió que el Tribunal Constitucional arriesga su legitimidad si no enfrenta los incumplimientos:
“Hay cientos de sentencias sin ejecutar, incluso por parte del propio Poder Ejecutivo. Cuando las decisiones del TC no se cumplen, el Estado de derecho se erosiona”.