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El magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, consideró que los partidos políticos tienen la obligación legal y moral de verificar el origen de los fondos que reciben, especialmente en casos vinculados al narcotráfico y al financiamiento de campañas.
A juicio del magistrado, no es necesario modificar la Ley de Lavado de Activos para convertirlos en “sujetos obligados”, ya que esa responsabilidad existe de facto. “Si un ciudadano debe verificar de dónde proviene un bien que adquiere, con mayor razón deben hacerlo los partidos políticos”, sostuvo.
Vargas advirtió que estas organizaciones no pueden desentenderse de la procedencia del dinero que manejan, aun cuando la legislación no lo establezca de forma expresa.
En ese sentido, señaló que, tratándose de entidades que participan en la vida pública y en la conformación del poder, su deber de control debe ser más riguroso, sobre todo cuando existen investigaciones internacionales por narcotráfico que han salpicado estructuras políticas.
En cuanto a la economía procesal, el magistrado fue crítico con la forma en que se desarrollan los procesos penales en el país y aseguró que uno de los mayores obstáculos es la audiencia preliminar, la cual —según afirmó— se ha convertido en un cuello de botella que retrasa innecesariamente la justicia.
Asimismo, indicó que estas audiencias pueden durar uno o hasta dos años sin aportar resultados sustanciales, ya que en más del 95 % de los casos terminan con auto de envío a juicio.
Explicó que la audiencia preliminar debería servir para evaluar la solidez de la acusación y la legalidad de las pruebas, no para replicar un juicio de fondo. Sin embargo, lamentó que actualmente se convierta en un escenario extenso, donde se presentan testigos y se leen todas las imputaciones, lo que genera altos costos al Estado y prolonga procesos que deberían resolverse con mayor eficiencia.
Vargas sostuvo que mientras persista este modelo, la justicia seguirá siendo lenta y onerosa, afectando no solo al sistema judicial, sino también a la credibilidad institucional y al uso racional de los recursos públicos.