El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, defendió este lunes en El Sol de la Mañana la sentencia que elimina la sanción penal a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Aclaró que la decisión no despenaliza la indisciplina ni autoriza conductas fuera del reglamento militar, sino que ordena que este tipo de faltas se sancione exclusivamente por la vía disciplinaria, y no como delito penal.
Vargas explicó que las normas que castigaban la “sodomía” en los cuerpos armados datan de 1953 y 1966, y que perdieron vigencia práctica desde la aprobación de la Ley 278-04, que suprimió la jurisdicción penal militar y policial.
El magistrado señaló que, en los hechos, la Policía y las Fuerzas Armadas ya no recurrían a esas figuras penales, precisamente porque chocan con la Constitución de 2010 y con las garantías de derechos fundamentales, por lo que preferían aplicar sanciones internas como arrestos de hasta 30 días o la cancelación.

El magistrado insistió en que la conducta —y no la orientación sexual— sigue siendo sancionable dentro de los cuerpos castrenses, tanto si se trata de una pareja heterosexual como homosexual. “Ser homosexual no es un delito”, recordó, citando también declaraciones del papa Francisco para subrayar la diferencia entre pecado, moral y derecho.
“Esto se sigue castigando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. La relación homosexual dentro de estas instituciones es un acto de indisciplina, pero también lo es la relación heterosexual. Entonces, se castigan las dos, porque lo que se sanciona no es la orientación, sino la conducta.”
Asimismo, recalcó que la sentencia no “autoriza” prácticas sexuales en cuarteles, sino que impide que se utilice una figura penal inconstitucional para castigar algo que debe tratarse en el marco disciplinario.
“Lo que se castiga es la conducta, no la preferencia sexual. No han expulsado a nadie por su inclinación, sino por violar las normas internas. La ley decía que se castigaba una sola, y ahí estaba el problema, cuando en la práctica siempre se han castigado ambas.”
Vargas también respondió a las críticas de sectores religiosos y sociales que consideran que el Tribunal actúa bajo una “agenda” ajena a la realidad dominicana. Recordó que el Senado, la Procuraduría General de la República y otros órganos consultados coincidieron en que la norma impugnada era inconstitucional, y que el TC estaba obligado a pronunciarse al ser apoderado por un ciudadano.
“El Tribunal dio una respuesta jurídica a un problema jurídico”, subrayó el magistrado, al insistir en que las sanciones disciplinarias se mantienen intactas.