El ministro de Hacienda, Magín Díaz, aseguró este viernes en El Sol de la Mañana que la estabilidad macroeconómica de República Dominicana no se ha visto afectada ni está en juego hasta el momento, pese al impacto de la crisis internacional, el aumento del precio del petróleo y las presiones sobre las finanzas públicas.
Díaz explicó que el país ha logrado mantener su estabilidad gracias a un manejo profesional de la deuda pública, la independencia del Banco Central y una política fiscal que, según dijo, ha conservado el déficit en niveles manejables durante los últimos años.
“La estabilidad macroeconómica no se ha afectado. Somos el país de mayor estabilidad macroeconómica de la región y por mucho”, afirmó el funcionario, al señalar que República Dominicana cuenta hoy con un mercado de deuda pública más profesional que hace dos décadas.
El ministro recordó que la Estrategia Nacional de Desarrollo contemplaba un gasto público cercano al 20 % del Producto Interno Bruto, nivel en el que se encuentra el país, pero también preveía ingresos mucho más altos, parte que, según indicó, no se ha concretado.
“No hay que olvidar que la estrategia de desarrollo apuntaba hacia un gasto público más o menos por el nivel que andamos, cerca de 20 % del PIB o un poco más ya para estos años. Pero también la estrategia de desarrollo decía que los ingresos tenían que ser mucho más altos. Y esa parte no ha pasado”, sostuvo.
Díaz destacó que, pese a las presiones acumuladas, el déficit fiscal promedio se ha mantenido estable. Indicó que hasta 2020 el déficit fiscal promedió alrededor del 3 % del PIB y que, desde 2021 hasta la fecha, el promedio ha sido el mismo.
“En promedio, el déficit fiscal hasta el 2020 fue 3 % del PIB. ¿Y cuánto ha sido el promedio del 2021 para acá? 3 % del PIB. Es lo mismo”, expresó.
A juicio del ministro, ese comportamiento demuestra que la clase política dominicana ha aprendido la importancia de actuar con responsabilidad fiscal. También resaltó que el Banco Central mantiene independencia frente a la política, lo que permite tomar decisiones orientadas a la estabilidad de largo plazo.

Magín Díaz afirmó que, si el proyecto presentado por el Gobierno es aprobado, sería la primera reforma tributaria en 14 años, ya que la última fue realizada en 2012.
“Si se aprueba esta reforma, sería la primera en 14 años que se aprueba. La última fue en el 2012”, señaló el funcionario, al reconocer que el país tenía pendiente una actualización fiscal desde hace tiempo.
No obstante, aclaró que el plan actual no debe verse como una reforma estructural integral, sino como un conjunto de medidas para manejar una crisis específica e impredecible.
Díaz explicó que el Gobierno había descartado inicialmente una reforma o plan fiscal, pero afirmó que las circunstancias cambiaron por la magnitud de la crisis internacional, especialmente por la disrupción en el mercado petrolero.
El ministro citó a la Agencia Internacional de Energía para señalar que se trata de la mayor disrupción petrolera de la historia, incluso superior en escala a la crisis de los años 70, aunque con efectos distintos por la mayor diversificación actual del mundo.
“Las preguntas no cambian, lo que cambian son las respuestas”, expresó al explicar por qué el Gobierno pasó de negar una reforma a presentar medidas tributarias.
Díaz sostuvo que el Gobierno tiene la obligación de actuar para evitar que el déficit fiscal se salga de control y para poder sostener los subsidios, especialmente el de los combustibles.
“Es lo que toca hacer para que el déficit no se nos vaya de las manos”, afirmó.
El ministro explicó que, si el Gobierno eliminara el subsidio a los combustibles con el petróleo alrededor de 100 dólares, habría que aplicar un aumento adicional de más de 60 pesos por galón, por encima de los 45 pesos ya incrementados.
Advirtió que esa alternativa no sería razonable, porque trasladaría el impacto completo a los consumidores y dispararía la inflación.
Díaz señaló que hasta la fecha el Gobierno ha gastado unos 20 mil millones de pesos en subsidios sin ingresos extraordinarios, lo que ha obligado a reasignar recursos de unas instituciones hacia otras.
También defendió que hablar de reducir el gasto público requiere precisión, porque habría que definir si se recortaría salud, educación, protección social, seguridad, inversión pública o recursos para las empresas distribuidoras de electricidad.
El funcionario aseguró que el gasto corriente ya bajó 0.5 % del PIB el año pasado, equivalente a unos 40 mil millones de pesos, aunque dijo que ese dato pasó prácticamente inadvertido en el debate público.
Díaz reconoció que la deuda pública ha aumentado, pero sostuvo que actualmente está controlada y que, en términos relativos, ha disminuido después del COVID-19.
Afirmó que pocos países han logrado reducir su deuda relativa tras la pandemia, y que en el caso dominicano esa gestión ha contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, admitió que el país ha tenido que hacer sacrificios importantes en términos de endeudamiento para sostener la estabilidad y enfrentar las crisis recientes.
El ministro también explicó que el proyecto contempla una amnistía de deudas tributarias, con reglas establecidas para eliminar o reducir recargos e intereses bajo distintas condiciones.
Aclaró que la medida no fue concebida principalmente con fines recaudatorios, sino para permitir que contribuyentes con deudas acumuladas puedan limpiar su historial y ponerse al día.
Díaz indicó que, si el Congreso aprueba la pieza, la Dirección General de Impuestos Internos estaría lista para aplicarla una o dos semanas después, con vigencia hasta el 31 de diciembre.
El ministro concluyó que el plan será presentado con transparencia, datos verificables y medidas que buscan responder a una coyuntura difícil sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.