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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cumplió este domingo sus primeros 100 días de su tercer mandato, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su legitimidad, nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y una creciente tensión regional marcada por el conflicto territorial con Guyana.
Proclamado vencedor por un Consejo Nacional Electoral controlado por el oficialismo, Maduro sigue en el poder sin que se hayan presentado los resultados detallados de las elecciones del pasado 10 de enero, lo cual viola los estándares internacionales. La oposición sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, mientras que organizaciones como el Centro Carter han calificado el proceso como no democrático.
En el ámbito internacional, el mandatario cuenta con el respaldo de países como Rusia, China, Irán y Cuba, mientras que más de una veintena de naciones, incluidos Estados Unidos, Brasil, Colombia, Reino Unido y Alemania, se niegan a reconocer su administración.
Después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Washington endureció las sanciones: revocó licencias petroleras y aplicó nuevos aranceles a productos venezolanos. En respuesta, Maduro declaró el estado de emergencia económica y emitió una "alerta de viaje" para sus ciudadanos sobre los "riesgos" de viajar a EE.UU.
En medio de estas tensiones, el país sudamericano ha recibido a más de 2,500 migrantes venezolanos que han regresado, la mayoría deportados por EE.UU. Caracas ha denunciado una “agresión civilizatoria” y ha rechazado la expulsión de ciudadanos acusados de tener vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, clasificado como organización terrorista por Washington.
En el ámbito electoral, el oficialismo ha anunciado al menos diez procesos electorales para este año, incluyendo elecciones parlamentarias y regionales programadas para el 25 de mayo, mientras trabaja en una reforma constitucional que podría someterse a consulta popular. La oposición sigue dividida respecto a su participación en estos comicios.
El conflicto territorial con Guyana también ha escalado, después de que Caracas anunciara la elección de un gobernador para el territorio en disputa de la Guayana Esequiba. Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para detener los planes electorales venezolanos en esa región.
En el ámbito económico, el bolívar se ha devaluado más de un 30 % desde enero, con una inflación trimestral que alcanza el 36 %, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. Mientras tanto, el salario mínimo oficial se mantiene en apenas 1,60 dólares mensuales, lo que ha generado protestas de trabajadores y sindicatos.
En el ámbito de los derechos humanos, ONG como Foro Penal reportan la existencia de 890 presos políticos, incluidos cinco adolescentes. Los familiares denuncian condiciones de detención precarias y exigen revisiones judiciales.
Con este panorama, los próximos meses de gestión para el gobierno de Maduro estarán marcados por el intento de consolidar su poder político frente a un escenario internacional adverso y una oposición dividida.
