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El exmandatario venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal en Nueva York para responder por cargos de narcotráfico que, de acuerdo con la legislación estadounidense, podrían conllevar la pena de muerte en caso de ser hallado culpable, según informó el New York Post.
Maduro, de 63 años, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores. El traslado incluyó helicópteros, vehículos blindados y un amplio despliegue de agentes armados.
Ambos fueron capturados el sábado en una operación militar de Estados Unidos en Caracas, que involucró comandos especiales, bombardeos aéreos y apoyo naval.
Según la legislación federal citada por el New York Post, una persona declarada culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con datos de la Biblioteca del Congreso.
Aunque los delitos capitales federales suelen incluir homicidio, traición o espionaje, también existen disposiciones para ciertos crímenes relacionados con drogas, aun cuando no impliquen asesinato, si bien estas condenas son poco frecuentes.
La fiscal general Pam Bondi afirmó el sábado en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”, sin precisar qué tipo de sentencia solicitará el Departamento de Justicia en caso de condena.
El proceso ha sido comparado con la captura del exdictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando Estados Unidos lanzó una intervención militar ordenada por el entonces presidente George H. W. Bush. En aquel caso, Washington optó por encarcelar a Noriega y no solicitó la pena capital.
Maduro y otros altos dirigentes venezolanos ya habían sido señalados en una acusación de narcotráfico presentada en 2020. Este año, un gran jurado federal amplió los cargos e incluyó conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos cargos relacionados con la posesión de ametralladoras.
La nueva acusación también menciona a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”; al ministro del Interior Diosdado Cabello; y a un capo del narcotráfico prófugo.
En paralelo al proceso judicial, el presidente Donald Trump reiteró el domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y afirmó que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, declaró Trump al ser consultado sobre sus exigencias a la líder interina.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque especialistas advierten que incrementar de forma significativa la producción será un proceso complejo, costoso y prolongado.
Rodríguez, quien inicialmente adoptó un tono confrontativo, cambió de postura el domingo y expresó su disposición a cooperar con Washington. “Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, señaló.
Las Fuerzas Armadas venezolanas reconocieron a Rodríguez como presidenta interina y llamaron a la calma, mientras alrededor de 2.000 simpatizantes de Maduro, incluidos hombres armados en motocicletas, se movilizaron el domingo en Caracas.
No existe un balance oficial de víctimas, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “gran parte” del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado “a sangre fría”, junto con militares y civiles. Cuba confirmó la muerte de 32 de sus ciudadanos durante la operación.
Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión de emergencia a solicitud de Venezuela. China, Rusia e Irán condenaron rápidamente la intervención, mientras algunos aliados de Estados Unidos, entre ellos la Unión Europea, expresaron su preocupación por las consecuencias del operativo.