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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remitió este viernes al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Antifacciones, que busca fortalecer el combate al crimen organizado mediante sanciones más severas y nuevas herramientas legales.
La iniciativa surge pocos días después de la megaoperación policial en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos en los complejos de la Penha y el Alemão.
El proyecto introduce la figura de “organización criminal calificada”, con penas de entre 8 y 15 años de prisión, que pueden llegar a 30 años si los delitos incluyen homicidio. También aumenta la sanción máxima para miembros de grupos delictivos comunes, hasta 10 años.
La propuesta contempla la creación de un Banco Nacional de Organizaciones Criminales, que centralizará información sobre integrantes de facciones como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Además, permitirá a los jueces ordenar la intervención judicial en empresas vinculadas a actividades ilícitas, con el bloqueo inmediato de operaciones financieras sospechosas.
Durante una reunión en Brasilia, los ministros Ricardo Lewandowski (Justicia), José Múcio (Defensa) y Jorge Messias (Abogacía General de la Unión) ultimaron los detalles del texto, que según Lewandowski busca “atajar el crimen de forma más estructurante”.
El proyecto también prevé el apartamiento provisional de funcionarios públicos implicados con el crimen, la incautación anticipada de bienes y el monitoreo de comunicaciones de presos bajo orden judicial. Asimismo, refuerza la posibilidad de transferir reclusos entre cárceles cuando se detecte riesgo operativo.
En redes sociales, Lula da Silva explicó que la iniciativa “eleva para hasta 30 años las penas para quienes integren facciones criminales” y fortalece los instrumentos del Estado para “asfixiar financieramente a las bandas”.
El Congreso debatirá la propuesta con carácter de urgencia, a fin de consolidar una estrategia nacional contra la violencia y el crimen organizado.