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Líderes de las comunidades Católica y Evangélica de la República Dominicana han emitido una severa condena contra el escándalo de corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuestionando la ética de los funcionarios involucrados y exigiendo que se actúe con firmeza.
Los religiosos coincidieron en que la corrupción dentro del sistema de salud no solo constituye un delito económico, sino también un pecado moral que vulnera los derechos humanos y atenta directamente contra la dignidad de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
El obispo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Ruíz de la Rosa, criticó la “mano de seda” con la que, a su juicio, el Ministerio Público ha tratado a algunos de los implicados, mientras solicita 18 meses de prisión preventiva para siete acusados.
“¿Los tres que han dejado en el confort de sus casas son menos responsables que el Dr. Santiago Hazim y su grupo solo porque han delatado a sus cómplices?” dijo.
“El que roba mucho y es descubierto, solo tiene que decir que va a cooperar, devolver un porcentaje o menos y luego disfrutar del dinero restante en la comodidad de sus mansiones con la impunidad garantizada”, afirmó.
Desde la Arquidiócesis de Santo Domingo, el arzobispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán advirtió que cualquier acto de corrupción que afecte a SENASA repercute directamente en la vida, la salud y la dignidad del pueblo dominicano.
El prelado sostuvo que estos hechos contradicen los principios morales fundamentales y “van totalmente en contra de las leyes de Dios”, señalando que este tipo de prácticas erosiona la democracia al debilitar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente Feliciano Lacen Custodio, se sumó a las críticas y exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con firmeza, transparencia y apego estricto al Estado de derecho, evitando el populismo penal.
Afirmó que la corrupción en Senasa, por tratarse de la ARS con mayor impacto social, constituye un pecado contra Dios y contra el prójimo, al desviar recursos destinados al bienestar colectivo. Asimismo, exhortó a revisar los pagos excesivos por concepto de diferencias y las herramientas utilizadas para las operaciones del sistema.