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Las modificaciones al Código Penal y a la Ley 61-32 han colocado la libertad de expresión en el centro del debate nacional. Entre los argumentos expuestos por las autoridades figura que el objetivo de la reforma es corregir vacíos de la legislación vigente y encontrar un equilibrio entre la protección de la dignidad de las personas y el respeto a la libertad de expresión, sin impedir el derecho de la ciudadanía a cuestionar a quienes ejercen el poder.
También se recuerda que la Consultoría Jurídica había identificado aspectos que requerían revisión y había dialogado con distintos sectores, incluidos comunicadores.
El debate ha encontrado eco en voces del periodismo dominicano. Edith Febles ha insistido en la necesidad de proteger el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Marino Zapete ha advertido sobre el riesgo de que determinadas disposiciones puedan utilizarse para limitar el escrutinio público.
Altagracia Salazar ha defendido la libertad de expresión y el papel fiscalizador de la prensa, alertando sobre normas que pudieran fomentar la autocensura.
Mariasela Álvarez ha abogado por garantizar que los comunicadores puedan ejercer su labor sin intimidaciones.
Sin embargo, la discusión no puede quedarse únicamente en la defensa de la libertad de expresión. Corregir los artículos que han sido cuestionados no puede significar que la injuria, la difamación o la calumnia queden sin consecuencias.
¿Reformas? Todas las necesarias, pero sin olvidar que es necesario que personas que utilicen la calumnia o difamación como chantaje reciban el castigo acorde a su crimen.