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El abogado Víctor Eddy Mateo arremetió contra la Ley 34-23 y su reglamento 403-24, al calificarlos de “hipocresía estatal” por la falta de aplicación real en favor de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Durante su participación en El Sol de la Mañana, sostuvo que en el país existen marcos legales avanzados, pero sin voluntad política ni presupuesto suficiente para ejecutarlos.
Mateo describió el drama de madres que no pueden escolarizar a sus hijos y que enfrentan terapias que rondan entre 2,500 y 3,000 pesos por sesión de 45 minutos. Señaló que, aunque reconoce esfuerzos aislados como el programa Senasa Integra, la política pública hacia la discapacidad sigue siendo insuficiente.
“No hacemos nada con leyes que contemplan hasta régimen de consecuencias si no se crean las condiciones para aplicarlas”, enfatizó.
En otro momento, el abogado abordó la polémica en torno a expresiones sobre identidad y derechos de asociación, señalando que en un Estado social y democrático de derecho toda persona tiene derechos, aunque insistió en que deben existir límites claros dentro del marco legal vigente.
Mateo también reconoció la gestión de Hostos Rizik Lugo al frente de Redvial, destacando la publicación detallada de las recaudaciones tras el aumento de peajes. Citó datos divulgados en Periódico El Dinero que indican ingresos por más de 12 mil millones de pesos y valoró el ejercicio de transparencia como un ejemplo de rendición de cuentas.
Sobre el conflicto en el Parque Nacional Jaragua, explicó que el Tribunal Superior Administrativo falló en función de lo presentado en el expediente y cuestionó la actuación histórica del Ministerio de Medio Ambiente en la actualización catastral. A su juicio, la discusión debe centrarse en la constitucionalidad de la ley que dio origen al conflicto y no en ataques al tribunal.
Asimismo, criticó lo que calificó como “protagonismo excesivo” del Ministerio Público al adelantar posibles imputaciones antes de concluir investigaciones.
Mateo cerró reiterando que el país necesita coherencia institucional: leyes que se cumplan, transparencia en la gestión pública y respeto al debido proceso.