
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este lunes la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, aunque reconoció que esa iniciativa no resuelve por completo el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas.
Díaz explicó que la legislación aprobada por el Congreso representa una respuesta posible frente a una coyuntura internacional adversa, pero aclaró que el país todavía tiene pendiente una discusión fiscal más amplia.
El funcionario sostuvo que la Ley 30-26 busca combinar nuevos ingresos, alivios para sectores productivos, estímulos a la inversión y correcciones a distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. Según el texto original, el Gobierno proyectó una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones.
Díaz insistió en que la ley no debe definirse como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Aseguró que la pieza modifica aspectos del Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones que, según dijo, requerían revisión desde hace años.
El ministro explicó que algunas medidas tendrán aplicación inmediata, como la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías. En cambio, la eliminación del impuesto de 2 % a las hipotecas será desmontada de manera gradual durante dos años, mientras que el gravamen selectivo a los seguros de vida se eliminará en un plazo de tres años.
También indicó que varias disposiciones comenzarán a regir en enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.
Otras medidas, como los ajustes tributarios aplicables a bancas deportivas y transacciones financieras, entrarían en vigencia a partir de julio, una vez la Dirección General de Impuestos Internos complete los cambios operativos necesarios.
La Ley 30-26 contempla además una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones al año. Según el Gobierno, esta disposición alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de unas 140,000 que presentaron declaración de ISR en 2025.
Sobre los combustibles, Díaz afirmó que el Gobierno acumula más de RD$20,500 millones en subsidios durante las semanas de mayor presión internacional sobre el petróleo. Agregó que Hacienda evalúa mecanismos de cobertura o seguros financieros para reducir la exposición del país ante aumentos bruscos en los precios internacionales.
El funcionario también defendió la necesidad de revisar la focalización de los subsidios sociales y explicó que el Sistema Único de Beneficiarios será sometido a un proceso de depuración para reducir errores de inclusión y exclusión.
Sin embargo, advirtió que esa revisión no necesariamente produciría un ahorro fiscal considerable, debido a que también existen hogares vulnerables que todavía no reciben asistencia estatal.
Díaz, quien ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, reconoció que la discusión de fondo continúa abierta, ya que República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano al 3 % del producto interno bruto. Según datos oficiales citados en el texto original, el cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente al 3.45 % del PIB.
Finalmente, el ministro sostuvo que el país deberá abordar en algún momento una reforma más amplia que incluya gasto público, ingresos, calidad institucional y protección social.