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Un grupo de congresistas opositores presentó este jueves una acción judicial contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por presuntos delitos relacionados con su patrimonio y su gestión pública.
La demanda, radicada ante el Ministerio Público, señala al mandatario por al menos cuatro infracciones, entre ellas enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y marca un hecho inédito en la política paraguaya.
"Esta denuncia no se centra solamente en los hechos conocidos recientemente, nos remontamos ya a las finanzas del presidente de la República, al inicio mismo de su mandato", en agosto de 2023, declaró el senador Rafael Filizzola al dar a conocer el expediente. La acusación fue presentada formalmente poco después de su anuncio público.
Además de Filizzola, suscribieron la denuncia los senadores Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, así como los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián Vaesken y Johanna Ortega. El escrito menciona los presuntos delitos de "enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y los demás que surjan de la investigación fiscal".
Filizzola subrayó que "desde el inicio de este mandato, y sobre todo en las últimas semanas", se han conocido revelaciones "verdaderamente escandalosas que hacen al manejo de recursos que serían públicos". Ante la inacción de las autoridades, añadió: "como ciudadanos", pero sobre todo como legisladores, se ven "en la obligación de presentar esta denuncia penal a los efectos de que se le imprima trámite".
El documento judicial apunta a un "presunto incremento del patrimonio de Peña" desde que dejó el Ministerio de Hacienda en 2017 hasta que asumió la Presidencia en 2023. En ese período, el patrimonio declarado pasó de 1,351 millones de guaraníes (unos 194,025 dólares) a 23,024 millones de guaraníes (alrededor de 3.3 millones de dólares), lo que representa "un incremento patrimonial del orden del 1,603 %".
La exsenadora Kattya González, abogada patrocinante, explicó que la denuncia se fundamenta en reportes de prensa y "un exhaustivo análisis de fuentes que son públicas", incluyendo las declaraciones juradas de Peña. No obstante, admitió que "hay demasiada inconsistencia que el Ministerio Público debería investigar, pero las expectativas que tenemos también son bastante limitadas".
"¿Por qué hay sobres y bolsas (de dinero) dando vueltas en Mburuvicha Róga?", cuestionó la diputada Johanna Ortega en conferencia de prensa, agregando: "si ese dinero era lícito, ¿por qué no estaba bancarizado?". Para Ortega, se trata de "un hecho sin precedentes", ya que es "primera vez, que un grupo de parlamentarios" denuncia penalmente a un presidente en funciones.
El expediente también plantea posibles conflictos de interés vinculados al grupo bancario UENO, que ha recibido 29 adjudicaciones desde 2023. Peña fue accionista de Ueno Holding S.A., aunque vendió sus participaciones en marzo de 2025. Además, se menciona el uso de vehículos relacionados con futuros contratistas estatales.
"Yo creo que el presidente Santiago (Peña) es una persona honesta que busca lo mejor para este país", expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien aseguró estar "convencido de que en su tiempo esta situación va a ser aclarada".
En contraste, la senadora Lilian Samaniego, identificada con la disidencia colorada, consideró que el mandatario debe "dar las explicaciones que correspondan".
