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La abogada Laura Acosta criticó con dureza la forma en que el Ministerio Público ha manejado las pruebas en el proceso judicial que involucra a Gonzalo Castillo, al asegurar que el ente acusador “mete pruebas a lo loco” al momento de armar los expedientes.
Durante su intervención en El Sol de la Mañana, Acosta sostuvo que el Ministerio Público sobrecarga los casos con miles de documentos sin relevancia probatoria, bajo la premisa de que los abogados defensores no los leerán. “Ni ellos mismos leen lo que depositan”, afirmó.
La jurista puso como ejemplo un audio incorporado como prueba por el propio Ministerio Público, en el que —según explicó— se evidencia una conversación entre testigos favorecidos que se coordinan para resolver problemas personales, lo que a su juicio compromete seriamente su credibilidad. Señaló que ese material fue entregado voluntariamente al órgano acusador y aun así fue incluido sin la debida verificación.
Acosta recordó que en etapas anteriores del mismo proceso se depositaron documentos por error, incluyendo una autopsia que no guardaba relación con el caso, lo que atribuyó a una práctica sistemática de “meter papeles” para aparentar solidez probatoria. Indicó que también se han incorporado certificaciones y diligencias que no guardan vínculo directo con los hechos imputados.
Asimismo, denunció supuestas irregularidades en las fechas de depósito de pruebas, alegando que existen documentos con metadatos posteriores al sello oficial de recibido, lo que —dijo— pone en entredicho la legalidad del expediente. “Eso solo se explica con una máquina del tiempo”, ironizó.
Sobre el fondo del proceso, la abogada explicó que la acusación contra Gonzalo Castillo se centra en la supuesta recepción de dinero ilícito para una campaña electoral, sustentada —según dijo— en un croquis hecho a mano por un testigo, lo que calificó como insuficiente para sostener una imputación penal.
Finalmente, Acosta aclaró que el caso se encuentra en fase preliminar, donde no se debate culpabilidad o inocencia, sino la pertinencia de la acusación y de las pruebas presentadas. Afirmó que, a su entender, el proceso no debería avanzar a juicio por deficiencias graves en los plazos y en la base probatoria presentada por el Ministerio Público