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El Senado se aboca a la selección de nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, en un ambiente de incredulidad y sospechas por la frustratoria experiencia del actual equipo que concluye su mandato este abril. Se detectan algunas manipulaciones políticas para bloquear aspirantes competentes y minar la imagen del nuevo quinteto.
La historia de la Cámara de Cuentas está signada por intereses políticos que han buscado validar su opacidad en el poder, eliminando su rol constitucional de “órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.
Una de las primeras sugerencias que llegan al despacho presidencial es la de agenciarse “su” Cámara de Cuentas o infiltrar la existente con el uso del arsenal armamentístico del poder, que si “blando”, mejor, aunque resulte caro al erario.
Pese a que los equipos más recientes han conmocionado al país por sus escándalos, no descarta que silenciosos equipos pasados hayan provocado enorme daño, igual o peor, a la República.
En los gobiernos del autócrata Balaguer la Cámara de Cuentas era una oficina más y se limitaba a registrar números, contaba y asentaba. Los liberales, en muchas ocasiones más conservadores que los de derecha (realmente ya no sabe quién es quién), siguieron ese librito y, en ocasiones, asumieron el reparto partidario para garantizar la “estabilidad” del sistema.
En este siglo ha habido de todo, en ése órgano, con sede en “El huacalito”: desde juicios políticos hasta allanamiento de sus dependencias, pasando por acusaciones de alegado acoso y chismografía de la peor ralea.
El periodista Geomar García ha contado con mucha gracia, cómo un personaje habría logrado la presidencia de la Cámara de Cuentas en el gobierno del presidente Mejía: se paraba todos los días frente a la casa de Hipólito con un letrero en el que reclamaba un empleo. “!Nómbralo en la Cámara de Cuentas”!, se le atribuye haber dicho a Mejía en tono de hartazgo.
En el 2006, en la administración Fernández, el PLD (iniciaba un control absoluto del Congreso Nacional hasta 2020), escogió un quinteto encabezado Andrés Terrero (CPA,MBA), que terminó en juicio político. Cuatro renunciaron, incluido Terrero, y solo uno se expuso a la sanción congresual.
En 2008 inició un período de “santa paz”, al ser escogida Licelott Marte de Barrios, de entre los aliados reformistas, como presidenta de la Cámara de Cuentas. Ausencia de escándalos públicos, pero cuando el presidente Medina (2012-2020), intentó hacer uso de expedientes contra desafectos internos, Leonel habría conversado con la dama para evitar “venganzas”, sustentadas o no. El sanjuanero la separó de la función al iniciar su segundo mandado.
En 2017 arranca uno de los episodios más penosos del órgano de control, al ser seleccionado Hugo Álvarez Pérez, a quien se le atribuyeron vínculos familiares con funcionarios palaciegos.
Álvarez Pérez, en un momento de crisis acudió a los medios de comunicación y admitió que se “maquillaban” auditorías por presiones del poder político y que su manera de rechazar la intromisión era registrar su voto disidente. Fue allanada la Cámara de Cuentas por la Procuraduría, con aval de una jueza, que alegó obstrucción de justicia y complicidad en estafa contra el Estado. (Episodio único en la historia del país, aun no ventilado a profundidad en su gravedad institucional).
En 2021, es escogido Janel Ramírez, junto a un equipo que nunca tuvo un minuto de armonía. Un caballo de Troya. Acusaciones y contra-acusaciones de todo tipo, a tal punto que la Comisión de Cámara de Cuentas inició una investigación para un juicio político, que no se concretó, pero cuyos datos han sido revelados ahora. Sobran los chismes.
¿Acertará el PRM esta vez?