
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de cinco años de prisión a la exdiputada de la provincia de La Vega Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos.
La sentencia firmada por el presidente de la Suprema, Henry Molina, y los demás integrantes, condena además a la exlegisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
El Pleno confirmó la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que actuó como jurisdicción privilegiada, emitida en mayo del pasado año.
La sentencia de la Segunda Sala de la SCJ también ordenó el decomiso a la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega.
Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que emitió la condena en mayo del pasado año fueron Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto.
El tribunal consideró insostenible la discrepancia entre sus ingresos declarados y los movimientos millonarios.
Además, el pleno de la Suprema determinó que Pilarte actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.
La acusada transfirió múltiples inmuebles a una empresa fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., siguiendo un patrón de colocación, estratificación e integración típico de las operaciones de lavado de activos.
La Suprema confirmó que la condena se fundamenta en pruebas suficientes e indicios razonables presentados durante el juicio.
La sentencia incluye el pago de las costas procesales y será notificada a las partes y al Tribunal de Ejecución de la Pena de La Vega para su cumplimiento.
En la audiencia, la Procuraduría General de la República había pedido que se confirme la sentencia que le fue impuesta, mientras que sus abogados habían pedido que fuera anulada la sentencia recurrida en casación.
Ahora con la nueva Ley de Casación, las decisiones del pleno de la Suprema Corte se publican y no se les da lectura como anteriormente se hacía.
Cabe destacar que la Segunda Sala Penal de la Suprema condenó además a la exlegisladora al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público y que la pena impuesta fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno, un inmueble de 728.11 metros cuadrados.
Otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble de 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrados.
También un local comercial con una extensión de 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión de 46.86 metros cuadrados, entre otros.
El Ministerio Público había pedido a la Sala Penal de la Suprema que Rosa Pilarte fuera sentenciada a 10 años de prisión.