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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo al uso de procesos judiciales como herramienta de censura por parte de funcionarios públicos en Colombia, tras conocerse el caso de hostigamiento contra periodistas del medio digital Amigos de Paipa. Estos periodistas han enfrentado presiones y estigmatización debido a su cobertura crítica de asuntos locales en Paipa, Boyacá.
Los reporteros Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, creadores de Amigos de Paipa en Facebook, señalaron ante la SIP que enfrentan un patrón de hostigamiento impulsado por funcionarios de la alcaldía de Paipa, encabezados por el alcalde Germán Ricardo Camacho.
Amigos de Paipa ha reportado y criticado la demolición de edificaciones coloniales con más de 250 años de antigüedad en el casco histórico, un hecho que el Ministerio de Cultura de Colombia ha calificado como un “crimen” contra el patrimonio cultural.
Las demoliciones continuaron a pesar de las advertencias judiciales y las recomendaciones de las autoridades departamentales, que pedían proteger las salvaguardas legales del patrimonio arquitectónico.
En represalia, el alcalde presentó una acción de tutela contra los periodistas, quienes residen en Estados Unidos y enfrentaron audiencias, multas y órdenes de arresto como parte de las presiones judiciales en su contra.
Durante este proceso, los comunicadores fueron acusados públicamente de generar "zozobra y terror" en la comunidad, con el objetivo de criminalizar su labor informativa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió sobre el uso excesivo de recursos institucionales para intimidar a los periodistas, lo que genera un ambiente hostil que afecta su seguridad y su derecho a informar.
El caso llegó hasta la Corte Constitucional de Colombia, que el 6 de mayo anuló las decisiones judiciales emitidas en contra de Amigos de Paipa, señalando que se vulneraron derechos fundamentales y se utilizó el sistema judicial de manera abusiva.
La sentencia de la Corte reconoció que las acciones judiciales constituyeron un ataque ilegítimo contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
"Expresamos nuestra preocupación al denunciar que las autoridades locales están utilizando el sistema judicial para intimidar y silenciar a los periodistas que ejercen su legítima labor de informar sobre asuntos de interés público", manifestó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que “el uso de la justicia como mecanismo de censura” es inaceptable y advirtió que “la práctica del hostigamiento judicial contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión.”
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “las presiones directas e indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Además, el décimo principio de la Declaración de Chapultepec de la SIP indica: “Ningún medio de comunicación ni periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.”
La SIP, con sede en Miami, reúne a más de 1.300 medios de comunicación del continente americano y se dedica a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.